Buscará familia de Toñito la extradición del agente que lo mató desde EU
La madre y la abuela del adolescente de Nogales ven en el nuevo gobierno la oportunidad de lograr justicia
Lonnie Ray Swartz, agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona, fue desertor del ejército. Corpulento, pelirrojo, tiene antecedentes penales (dos órdenes de aprehensión de la Oficina Federal de Investigaciones ya prescritas). Es instructor de tiro.
El 10 de octubre de 2012, estando en funciones en la línea fronteriza que divide a Nogales, Arizona, de Nogales, Sonora, disparó dos cargas de su arma reglamentaria contra un muchacho de 16 años, José Antonio Elena Rodríguez, que caminaba por la avenida paralela al muro. En dos juicios consecutivos fue absuelto. Alegó defensa propia. En los tribunales de Tucson nunca se presentaron pruebas de que el niño hubiera lanzado piedras. Fue acribillado por la espalda.
Para su madre, Araceli Rodríguez, y su abuela, Tayde Elena, la única oportunidad de que se le haga justicia a Toñito es que ahora, con este nuevo régimen, la Fiscalía General de la República retome el caso, reanude la averiguación previa abierta en 2012 (AP/PGR/SON/ NOG-II/972/2012), demande la extradición de Swartz y lo procese en territorio mexicano.
“Sabemos que es muy difícil lograrlo”, reconoce Rodríguez, quien con su suegra y el abogado defensor Manuel Íñiguez López viajó a México para volver a impulsar el caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado mexicano, informar a las organizaciones civiles y buscar una audiencia con el fiscal Alejandro Gertz Manero y, de ser posible, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Pero es la única vía que nos queda para ver que se haga justicia. Estados Unidos, y menos ahora con ese señor (Donald) Trump en la presidencia, nunca va a juzgar a uno de los suyos. La fiscalía (general) mexicana es la única esperanza que nos queda”.
Existe un proceso pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual decidirá próximamente si las familias de quienes fueron asesinados en años recientes por la Patrulla Fronteriza en el lado mexicano desde territorio estadunidense tienen derechos constitucionales para demandar en cortes estadunidenses. Ese derecho les ha sido negado hasta ahora a cinco familias. Sólo la de José Antonio ha recibido un fallo a favor de la corte de apelaciones del noveno distrito.
El Movimiento Migrante Mesoamericano, que apoya la moción, sostiene que “si el caso tiene éxito y las familias pueden demandar, sería una forma contundente de prohibir que se mate a inocentes a través del muro. Si por el contrario, pierden ese derecho, se estarían legalizando estos crímenes, lo cual daría luz verde a más crímenes transfronterizos”.
La abuela, Tayde Elena, recuerda que López Obrador ya sabe de su caso. “Cuando andaba en campaña por Nogales le entregamos una carpeta y hablamos muy brevemente con él. Prometió verlo”.
La madre y la abuela tienen grabada en la memoria la humillación que sintieron cuando el caso de José Antonio llegó a los tribunales de Tucson. “Todos los días que duró el juicio asistimos a la corte. El consulado mexicano no nos apoyó más que con transportes, no nos dio asesoría legal. Vivimos muchas injusticias. El juez no permitió que se presentaran los antecedentes penales del agente. Todos en el jurado eran blancos: nos veían como bichos raros”.
La defensa presentó todo tipo de pruebas y peritajes forenses para demostrar que el adolescente, que caminaba por la calle Internacional, se dirigía a su casa a tres cuadras de distancia cuando fue abatido. Recibió 10 tiros en la espalda y la nuca, y físicamente resultaba imposible que lanzara piedras por encima de un terraplén y una reja metálica de más de cinco metros de alto. Los elementos que acompañaban a Swartz ese día declararon que nunca se sintieron amenazados por el muchacho y que “les sorprendió” que el acusado empezara a disparar entre los barrotes de la valla fronteriza.
El agente, a su vez, se contradijo: declaró primero que se alteró cuando observó que una piedra “casi golpea” a uno de los perros que acompañan la vigilancia en la frontera, pero el policía manejador del perro lo desmintió. Luego declaró que no recordaba nada de lo que sucedió en esos momentos, que había perdido la memoria.
Los defensores de Swartz, a su vez, alegaron que el niño era parte del cártel de Sinaloa. “Ensuciaron su nombre y a nosotros ni siquiera nos permitieron presentar nuestra versión. Toñito era un niño muy inteligente, tenía metas en su vida, estudiaba la secundaria abierta porque quería ser soldado. Él veía en ese camino su única oportunidad de obtener estudios, que es lo que más quería”, recuerda la abuela, que todavía se duele de cómo un diario local, Nuevo Día, dio la noticia: “Mataron a otro indigente en la línea”.
La última sesión del juicio, en noviembre del año pasado, fue rápida. El juez Raner Collins admitió que tenía prisa de volver a su casa para cocinar su guajolote del Día de Acción de Gracias. El jurado declaró inocente a Swartz. “Esa sentencia fue una burla para México, una prueba más de cómo a nosotros siempre nos pisotean”, asegura Araceli. “De todo esto queremos hablar con las autoridades mexicanas. Necesitamos que nos apoyen para lograr justicia, pero no sólo por la familia de José Antonio, sino para todos los que como nosotros están en la misma situación”.
La Fiscalía General de la República es la única esperanza que nos queda