Exhorta la CNDH a evitar discursos desde el gobierno contra labor de periodistas
La polarización social y la descalificación hacia algunos periodistas, alentadas desde sectores del gobierno, fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa en México, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Enfatizó que hoy más que nunca debe impulsarse el respeto absoluto a la crítica y a las opiniones diversas, así como evitar, disuadir y rechazar cualquier tipo de discurso amenazante contra comunicadores y medios.
El organismo nacional difundió ayer un comunicado a propósito de los recientes ataques, amenazas y señalamientos de diversos actores políticos contra algunos periodistas, donde advirtió que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano. “La evidencia más terrible de ello” son los crímenes contra el gremio.
Datos de la propia CNDH señalan que de 2000 a la fecha han sido asesinados en México 149 periodistas (ocho de ellos en lo que va de 2019) y hay 21 más desaparecidos desde 2005.
“Si bien la deliberación y la discusión públicas son parte importante de la vida democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios, sobre todo en circunstancias como las que enfrentamos desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país”, subrayó.
La CNDH señaló que realizar esas conductas en actos o ámbitos que son documentados y difundidos mediante plataformas digitales, así como por televisión y radio, implica que gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa.
Recordó que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso contra Venezuela, donde se encontró que los dichos de altos funcionarios contra un canal de televisión al llamarlos “enemigos del pueblo”, “traidores” y “fascistas”, generaron que ciudadanos agredieran físicamente a reporteros que cubrían eventos públicos, dañaran equipos del canal y atacaran sus instalaciones con granadas de fragmentación.