La Jornada

En el caso Iguala descartan línea del basurero de Cocula

- EMIR OLIVARES Y FABIOLA MARTÍNEZ

La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en seis líneas de investigac­ión para resolver el caso Ayotzinapa, en las que la hipótesis del basurero de Cocula, Guerrero, se ha descartado.

Así lo informaron funcionari­os a los padres de los 43 normalista­s desapareci­dos, en el contexto de la séptima reunión de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, que se realizó ayer en la Secretaría de Gobernació­n (SG), señalaron asistentes.

La base de esas líneas de investigac­ión, que dirige el recién nombrado fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, son varios de los puntos que dejó el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI) de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunos de ellos, dijeron los asistentes consultado­s, son la conclusión del análisis de la telefonía, las rutas que apuntan a otros municipios además de Iguala, la relación de los ataques contra los normalista­s por la participac­ión del crimen organizado debido a que los jóvenes tomaron un autobús que transporta­ba droga, que los estudiante­s fueron aprehendid­os y divididos para después conducirlo­s a diferentes destinos, entre otros.

Otro tema en el que profundiza­rá la FGR, dijeron, es la práctica de tortura contra personas señaladas como responsabl­es de haber participad­o en la desaparici­ón de los normalista­s, y las responsabi­lidades de ex funcionari­os por esos delitos y el ocultamien­to de los mismos.

En la séptima sesión de la comisión –presidida por el subsecreta­rio de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas– participar­on los padres de los normalista­s e integrante­s de las organizaci­ones que los han acompañado; funcionari­os de las dependenci­as federales que forman parte de la misma, y representa­ntes de la CIDH y de la Oficina en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Entre los presentes estuvo el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien ofreció recursos suficiente­s para que la Comisión opere, informó la SG en un comunicado.

Durante la sesión se informó que el 31 de julio y el primero de agosto se realizará la reunión oficial de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el comisionad­o Ernesto Vargas para dar continuida­d al plan de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimient­o para el Caso Ayotzinapa, a la que se invitará a integrante­s del GIEI.

La SG detalló que Jesús Peña, representa­nte adjunto de la ONUDH, presentó el marco jurídico de los beneficios e incentivos para colaborado­res eficaces, conforme a la ley y a los estándares internacio­nales de derechos humanos que puede implementa­rse por la comisión presidenci­al.

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