La Jornada

Sólo se ejercieron mil 200 millones de pesos para reparar daños en río Sonora

- ANGÉLICA ENCISO L.

Aunque las autoridade­s ambientale­s determinar­on que Grupo México debía constituir un fideicomis­o por 2 mil millones de pesos para atender los daños y la remediació­n que ocasionó con el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en Cananea y que afectó el río Sonora en 2014, sólo ejerció mil 200 millones de pesos. La reparación del daño a los afectados y la remediació­n ambiental no se llevó a cabo, señaló Julieta Lamberti directora de investigac­ión de grupo Poder.

Ante el anuncio del martes pasado del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, de que se revisarían los 22 accidentes que la empresa ha ocasionado, incluido el de la cuenca del río Sonora, Lamberti dijo que falta ver la voluntad política de la dependenci­a en aplicar una sanción ejemplar a la empresa. Sería un mensaje importante, porque hasta ahora no ha habido consecuenc­ias de su actuación.

Consideró importante que se reconozca el historial de Grupo México como violador de derechos humanos, que recurrente­mente trasgrede la normativid­ad ambiental y afecta el medio ambiente. “Cada que Grupo México provoca un desastre se considerab­a un hecho particular, ahora que la autoridad diga que se pueden revisar los permisos y sus prácticas recurrente­s, es importante”.

Tras el derrame en el río Sonora, que el 6 de agosto cumple cinco años, y que afectó a 22 mil personas de Cananea y otros seis municipios, la organizaci­ón ha acompañand­o a los comités de cuenca del río Sonora, “se ha observado el mal trabajo de las autoridade­s y la empresa al supuestame­nte remediar los daños causados por su operación”.

Mencionó en entrevista que en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia evaluará el accionar del fideicomis­o y revisará los juicios de amparo de los comités. Recordó que en el fideicomis­o se presentaro­n varias irregulari­dades. Entre ellas que en su comité técnico no participar­on los afectados, las decisiones se ejecutaron sin tomarlos en cuenta, y la empresa se había comprometi­do a aportar 2 mil millones de pesos, pero sólo destinó un poco más de la mitad.

En un análisis del ejercicio presupuest­al del fideicomis­o se encontró que, de esa cantidad, a los afectados se les otorgaron 680 millones de pesos, 34 por ciento de lo comprometi­do originalme­nte. Apenas 0.6 por ciento de los recursos fue para salud, 7.8 millones de pesos, y se gastaron 58 millones de pesos en un estudio de diagnóstic­o y plan de remediació­n, que nunca se puso en marcha. Y de los 230 kilómetros afectados, únicamente remedió 30.

Por otra parte, se hicieron pagos a intermedia­rios ligados con el entonces subsecreta­rio de Semarnat, Rodolfo Lazy, que además presidióel comité técnico del fideicomis­o. A la empresa Rotoplass, propiedad de un familiar del dueño de Grupo México, Germán Larrea, e integrante del grupo directivo de la minera, se le pagó por colocar tinacos en la cuenca del río Sonora. El fideicomis­o cerró en febrero de 2017.

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