Destituyen a tres comisionados del instituto de transparencia de Tlaxcala
El Congreso del Estado destituyó a Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales como comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), por omisiones en el desempeño de sus funciones y en actos que pusieron en riesgo la operación del organismo.
De inmediato, los comisionados suplentes Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández fueron llamados para rendir protesta y concluir el mandato. El acuerdo de destitución fue aprobado por 17 de 25 diputados locales.
Los congresistas precisaron que Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales incumplieron con los decretos 217 y 299, aprobados por el Congreso local, tras haber destituido como presidenta del IAIP-Tlax a Marlene Alonso Meneses el 16 de febrero de 2018, lo cual afectó el funcionamiento del instituto.
Explicaron que el desacato de diversas resoluciones y decretos del Poder Legislativo por parte de Cabrera Canales y Morones Servín perjudicó intereses públicos fundamentales y trastornó el funcionamiento del organismo autónomo.
“Se generó un conflicto interno que los condujo a comparecer ante diversas instancias jurisdiccionales y políticas mediante juicios políticos. No existe armonía ni funcionamiento normal en el instituto, en perjuicio del interés social. La sociedad está interesada en que haya fluidez en los trabajos del órgano garante”, expuso la diputada Leticia Hernández Pérez.
Los diputados añadieron que Meneses también violó garantías individuales y sociales de manera reiterada y no garantizó el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información conforme a los principios estipulados en la Constitución local.
Abundaron que Alonso Meneses quebrantó las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos del estado y el reglamento interno del instituto, ya que además de separar de su cargo a servidores públicos sin tener la facultad para ello ni la autorización del consejo general, contrató a personas con parentesco por afinidad.
David Cabrera y Francisco Morones afirmaron que el fallo violentó el debido proceso. “El dictamen no emanó de la comisión instructora de juicio político“, instancia encargada para ello, acusó el primero.