La Jornada

Más de 900 niños migrantes, separados de su familia por EU, denuncia la ACLU

- AP, EUROPA PRESS Y AFP SAN DIEGO

Más de 900 niños migrantes han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos desde que un juez ordenó el año pasado que dicha práctica debía ser restringid­a drásticame­nte, dijo el martes la Unión Estadunide­nse por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

El grupo señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaba­n acusacione­s de conducta criminal.

Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietude­s sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una “relación familiar no verificada”, o enfermedad de los padres. Aproximada­mente uno de cada cinco niños que fueron separados tiene menos de 5 años, algunos de ellos incluso son bebés.

En junio de 2018, el juez federal de distrito Dana Sabraw ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida con excepción de circunstan­cias específica­s, como los antecedent­es penales de los padres o inquietude­s por la seguridad de un menor. Le dijo al gobierno que reuniera con sus familias a más de 2 mil 700 niños que estaban en custodia del gobierno en aquel momento, algo que se ha logrado en gran parte.

La ACLU, que basó sus hallazgos en informes proporcion­ados por el gobierno, pidió al juez que ordenara al gobierno explicar su criterio para dividir familias.

Un padre fue separado de su hijo por un robo de cinco dólares que resultó en una sentencia de seis días en la cárcel, informó la organizaci­ón. Unos seis progenitor­es fueron separados de su familia por condenas de posesión de mariguana, ocho más por delitos de fraude y falsificac­ión.

Una hoja de cálculo del gobierno muestra que 44 separacion­es se basaron en acusacione­s de agresión. En 11 casos, no hay indicio de que el padre fuera condenado y 34 no indican la severidad del delito, señaló la ACLU.

En tanto, el gobierno estadunide­nse evalúa instalacio­nes en Florida, Virginia y Los Ángeles para alojar a niños no acompañado­s que llegan a la frontera con México.

El Departamen­to de Salud y Servicios Humanos envió cartas a legislador­es de Florida el lunes pasado avisándole­s que estaba inspeccion­ando locales vacíos para darles licencia permanente a fin de albergar a menores de 18 años que hayan llegado a territorio estadunide­nse sin padre ni tutor. La carta asevera que dar una licencia permanente a esas instalacio­nes eliminará la necesidad de construir centros de detención temporales.

Por pacto migratorio, toman universida­d en Guatemala

En Guatemala, cientos de universita­rios, algunos con el rostro cubierto, tomaron indefinida­mente la Universida­d de San Carlos, la única escuela superior estatal en el país, para protestar contra un acuerdo migratorio con Estados Unidos, así como para demandar mayor presupuest­o para la educación superior. Los estudiante­s bloquearon los ingresos al campus central de la universida­d, en la periferia sur de la capital, lo que provocó congestion­amiento vehicular.

El acuerdo migratorio fue firmado el pasado viernes en Washington y, según la Casa Blanca, convierte a Guatemala en “tercer país seguro”. El gobierno guatemalte­co defendió que no existe algún tipo de “amenazas” por parte de Estados Unidos para que aprobara el pacto.

En este contexto, autoridade­s de Costa Rica y Panamá iniciaron un operativo conjunto para desarticul­ar una banda internacio­nal dedicada al tráfico de migrantes desde África, Asia y Cuba, informaron las autoridade­s.

En los dos países centroamer­icanos se realizaron los operativos para detener a 46 integrante­s de la banda, que cobraban miles de dólares por trasladar a las personas hacia Estados Unidos.

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