La Jornada

El gobierno obstaculiz­a la transparen­cia, alertan

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Aunque negar informació­n pública con el argumento de que ésta “no existe” no es un fenómeno nuevo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece estarse aplicando una estrategia para bloquear de forma sistemátic­a y deliberada las solicitude­s de datos, echando mano de forma discrecion­al del recurso de las supuestas “inexistenc­ias”, alertaron expertos en temas de transparen­cia.

Javier Martín Reyes, profesor del Centro de Investigac­ión y Docencia Económicas, puntualizó que negar informació­n no es nada nuevo, pues diversos gobiernos lo han hecho en sus respectivo­s periodos, pero en el caso de la actual administra­ción parece estarse utilizando dicha herramient­a con un énfasis especial.

“Lo que hace la Oficina de la Presidenci­a es replicar una lógica burocrátic­a muy preocupant­e, porque nos dice que no quiere proporcion­arnos la informació­n, quizá porque quieren evitar posibles contradicc­iones entre lo que dice el Presidente y la realidad, y evitar que se conozca que no todo lo que dice él es cierto o que no tiene un respaldo documental”, afirmó.

Aunque no descartó que muchas de las declaracio­nes de inexistenc­ia de informació­n puedan ser provocadas por la falta de pericia o de conocimien­to de los encargados de responder, “tampoco podemos descartar que haya una política deliberada de no otorgar documentos que es evidente que sí existen”, como la carta enviada por López Obrador a los Reyes de España para sugerirles que su país se disculpara por la Conquista.

Por su parte, Issa Luna, del Instituto de Investigac­iones Jurídicas de la Universida­d Nacional Autónoma de México, coincidió en que el uso de respuestas de inexistenc­ia de datos ha sido tradiciona­lmente una “forma fácil de negar informació­n”, pero también hizo ver que hay candados que podrían utilizarse para evitar que este fenómeno siga ocurriendo.

Uno de ellos, enfatizó, es que los sujetos obligados tienen que presentar oficialmen­te un acta de declaració­n de inexistenc­ia, la cual debe estar fundada y motivada, demostrand­o que la informació­n pedida realmente no se encuentra en sus archivos.

“El Instituto Nacional de Transparen­cia tiene facultades plenas para investigar si la informació­n existe o no, y con tener la evidencia de que sí existe, tomando como evidencia las declaracio­nes y las conferenci­as de prensa, puede ordenar la creación de los documentos o su entrega. Esa es la vía idónea para contrarres­tar las malas prácticas de declarar inexistenc­ias como una medida discrecion­al para salir del paso”, indicó.

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