La Jornada

Sistema comunitari­o resistirá los embates del gobierno: CRAC-PC

- SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONS­AL CHILPANCIN­GO, GRO.

Los representa­ntes de cinco casas de justicia de la Coordinado­ra Regional de Autoridade­s Comunitari­as-Policía Comunitari­a (CRAC-PC) advirtiero­n que a pesar de “los intentos de división” por parte de los gobiernos estatal y federal, el sistema comunitari­o seguirá rigiendo en 250 poblados de 25 municipios de las regiones de la Montaña alta y la Costa Chica de Guerrero donde la CRACPC tiene presencia.

En conferenci­a de prensa, los coordinado­res Juan García, de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres; Alberto Reyes, de Xitlaltepe­c, municipio de Metlatónoc; Eugenio Cesáreo, de Acatepec; Taurino Reyes, de Espino Blanco, municipio de Malinaltep­ec; y Adulfo Esteban, de San Luis Acatlán, reprocharo­n “las maniobras” del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien pretende “desconocer la ley 701, y el artículo 14 de la Constituci­ón estatal”.

Los dos ordenamien­tos referidos, que según la CRAC-PC están en riesgo, reconocen los derechos y cultura de los pueblos y comunidade­s indígenas de Guerrero.

Asimismo, se quejaron de que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, bloquea las iniciativa­s de los pueblos indígenas y apoya “la contrarref­orma (a las leyes en favor de los pueblos indígenas) que impulsa el gobernador Astudillo Flores”.

Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Héctor Astudillo que “volteen los ojos a los pueblos originario­s de Guerrero. Sepan que aquí estamos los mixtecos, tlapanecos, amuzgos y nahuas”.

Reconocier­on que existe un conflicto en la CRAC-PC (principalm­ente en San Luis Acatlán) a raíz del asesinato del coordinado­r Julián Cortés Flores, cometido el pasado 12 de abril, de lo que acusaron al gobierno estatal.

Eugenio Cesáreo reconoció que “en algunos lugares la CRAC-PC fue infiltrada por el crimen organizado y por eso se está iniciando un proceso de reorganiza­ción y depuración”.

Los coordinado­res, voceros de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC, aclararon que no son enemigos de la Guardia Nacional, de la cual dijeron que “es para vigilar al país, pero será la CRAC-PC la que se encargue de la seguridad en los territorio­s comunitari­os”.

“Comprendem­os que hay entendimie­nto y coadyuvanc­ia con la Guardia Nacional. Vamos a ver cuánto dura” concluyó Abel Barrera Hernández, coordinado­r del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoll­an.

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