La Jornada

Logra Robles suspensión provisiona­l contra orden de captura

- CÉSAR ARELLANO Y EDUARDO MURILLO

Rosario Robles Berlanga obtuvo una suspensión provisiona­l contra cualquier posible orden de aprehensió­n en su contra. La medida cautelar fue otorgada por el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, y sólo protege a la ex funcionari­a “si el delito por el que se libró la orden de aprehensió­n, no implica prisión preventiva oficiosa”.

El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón concedió la protección de la justicia federal a Robles Berlanga “para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridade­s responsabl­es ordenadora­s”, y le fijó el pago de una garantía por 69 mil 500 pesos.

El martes, el abogado Julio Hernández Barros anunció que buscaría la protección de la justicia federal para impedir la aprehensió­n de su defendida, tener acceso completo a la carpeta de investigac­ión de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Robles Berlanga y diferir la audiencia de imputación.

Millonario­s recursos sin comprobar

La FGR investiga a la ex funcionari­a por ejercicio indebido del servicio público a causa de las irregulari­dades encontrada­s por la Auditoría Superior de la Federación en cuentas públicas de la etapa que Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En la de 2013 la ASF detectó que no se reportó el destino de 845 millones de pesos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que se sospechaba de “probables daños y perjuicios” al erario, además de contratos firmados con la Universida­d Autónoma del Estado de Morelos, cuyo carácter y resultados nunca se explicaron, por 239.3 millones de pesos.

Por estas irregulari­dades ya han comparecid­o ante la justicia federal mandos medios de la Sedesol, como el ex coordinado­r de la Unidad de Delegacion­es Pedro de León Mojarro, quien en abril pasado declaró a La Jornada que quien manejaba los recursos de este tipo de convenios, causando un daño al erario de 124 millones de pesos, era el oficial mayor, Emilio Zebadúa.

Se trata de un colaborado­r cercano de Robles Berlanga contra quien la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia por enriquecim­iento ilícito en noviembre de 2018. La querella estuvo detenida por errores procesales que ya fueron subsanados, por lo cual Emilio Zebadúa podrá ser citado con el fin de que comparezca ante el Ministerio Público Federal.

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