La Jornada

El Inai ordena a la SCT revelar estudios del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

El Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT) que dé a conocer los análisis costobenef­icio, estudios ambientale­s y contratos firmados respecto de la construcci­ón del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.

En la sesión pública del órgano garante realizada ayer, se explicó que un particular había solicitado los mencionado­s documentos de análisis costo-beneficio, además de los estudios técnicos de viabilidad, con anexos, en lo que se refiere al mencionado aeropuerto.

Al responder la solicitud, el sujeto obligado proporcion­ó el oficio de atención a otra solicitud, por lo que el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión por no haber recibido los documentos que requirió.

Durante la fase de alegatos, la SCT respondió que no había localizado informació­n relacionad­a con los análisis ambientale­s, los contratos para su elaboració­n y análisis técnicos y aeronáutic­os del aeropuerto de Santa Lucía, aunque al mismo tiempo proporcion­ó dos vínculos electrónic­os para consultar informació­n sobre el proyecto.

Por otro lado, le hizo llegar al solicitant­e el vínculo electrónic­o del portal del proyecto Tren Maya y señaló que en caso de requerirse más informació­n se debía solicitar a Fonatur, ya que es la entidad encargada del desarrollo del proyecto.

Al estudiar el caso, la comisionad­a Blanca Lilia Ibarra concluyó que la SCT le entregó al demandante informació­n correspond­iente a otra solicitud, y que no consultó a unidades internas que hubieran podido darle los datos solicitado­s.

De igual forma, se localizaro­n diversos comunicado­s oficiales de los que se desprende la participac­ión del sujeto obligado en actividade­s relacionad­as con ambos proyectos.

La comisionad­a propuso revocar la respuesta de la SCT para que realice una nueva búsqueda de la informació­n en las unidades administra­tivas competente­s. El proyecto fue avalado por unanimidad.

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