Se deslindan el INM y la PF del asesinato; exigen organismos mundiales indagatoria exhaustiva
Ni agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ni elementos de la Policía Federal (PF) participaron en el operativo donde fue asesinado a balazos un migrante de origen hondureño en Saltillo, Coahuila. Así lo aseguraron en un comunicado conjunto el INM y las las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores.
Señalaron que las investigaciones y el deslinde oficial de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del estado de Coahuila. Reconocieron el trabajo de los albergues y de los defensores de migrantes y señalaron que el personal de la PF y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad en todo el país, “por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción”.
Por separado, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) demandó a las autoridades correspondientes esclarecer el asesinato. Mediante su cuenta de tuiter, la ONU-DH exigió fincar responsabilidades con una investigación exhaustiva e imparcial conforme a estándares internacionales de debida diligencia, así como “garantizar que la política migratoria se conduzca con absoluto respeto a los derechos humanos”.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena, solicitó una indagatoria “seria” de los hechos, y posteriormente se podrá hacer una evaluación.
Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseveró que este asesinato es una alarmante señal del enfoque cada vez más hostil de México. “Deben tratar a migrantes y a sus familias con humanidad, no perseguirles o dispararles”.
Es intolerable
“¡Son asesinos!”, gritó el obispo Raúl Vera López, durante una misa ayer, al referirse a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en contra de familias de centroamericanos que esperaban el tren rumbo a Piedras Negras. “¿Qué crimen es buscar una vida digna, otro tipo de organización para su propia familia? ¿Qué crimen es buscar comer y tener un trabajo digno? Es intolerable lo que están haciendo”.