Usan empresarios y políticos a grupo huichol para hacer reuniones a modo
Buscan legitimar proyectos mineros en territorio sagrado de Wirikuta
Integrantes del sector empresarial y político de San Luis Potosí y del norte de México usan a huicholes de la comunidad de San Andrés Cohamiata, al norte de Jalisco, para organizar reuniones “a modo” ante notarios públicos con el intento de legitimar sus proyectos de megaminería y agroindustria que ya aceleraron las crisis ambiental e hídrica del altiplano potosino y ponen en riesgo el territorio sagrado de Wirikuta.
Denunciaron lo anterior integrantes de parroquias adscritas a la Pastoral Social, representantes de productores agrícolas, ganaderos y pequeños propietarios que habitan en 15 municipios del altiplano potosino, quienes se sumaron a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Nayarit, Durango y Jalisco, en su lucha por la conservación de la naturaleza y territorios sagrados de las naciones wixáricas.
Por medio de un pronunciamiento, desconocieron los acuerdos alcanzados en la asamblea del sábado 27 de julio en Estación Catorce, convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, organización a la que las naciones wixáricas desconocieron como representante de su etnia.
Asamblea con 35 personas
Precisaron que en esa asamblea se tomaron acuerdos ante Manuel Zapata Arce, titular de la notaría pública número 1 de Salinas, San Luis Potosí; sin embargo, denunciaron: “No vimos la representación necesaria para llevar a cabo una asamblea de este tipo, pues los asistentes rondaban las 35 personas, entre hombres, mujeres y menores”.
Indicaron que ante huicholes de la comunidad de San Andrés Cohamiata, un reducido grupo de personas tomó decisiones de forma cerrada y bajo total hermetismo, con la presencia de servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales, donde impidieron el acceso a representantes de las organizaciones sociales y productivas que coinciden con la Unión Wixárica.
“De manera ventajosa y agresiva nos cerraron las puertas de inmuebles públicos (del ayuntamiento de Catorce), excluyéndonos de la toma de decisiones sobre las actividades productivas y megaproyectos que pretenden legitimar como la minería, la agricultura industrial y la construcción de la represa La Maroma”, acusaron.
Refirieron que en San Luis Potosí operan 21 proyectos mineros de capital extranjero –predominantemente canadiense–, así como proyectos de inversión nacional en el altiplano potosino cuyas concesiones operan las mineras Grupo México, de Germán Larrea Mota Velazco; Grupo Frisco, de Carlos Slim; Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, y Nemisa.
“En nuestra región existe una precipitación media anual menor a 500 milímetros y la evaporación es mayor a 900 milímetros, por lo que las actividades intensivas agroindustriales, el uso de cañones antigranizo y la explotación minera extranjera y nacional, ponen en riesgo nuestros acuíferos.
“La Conagua y Semarnat señalan que todos los acuíferos en nuestro estado se encuentran en condición de déficit, entre ellos los de Vanegas-Catorce y Cedral-Matehuala, y los siguientes están sobrexplotados: El Barril, Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, San Luis Potosí, Jaral de Berrios, Villa de Reyes y MatehualaHuizache”, apuntaron.
Puntualizaron que protegerán sus acuíferos, formas de vida campesina y “no intensivas”, así como sus tierras, “las cuales heredamos tras una larga lucha agraria y de liberación de los capataces y hacendados españoles”.