Se plantean mejoras para la operación del Instituto de Defensoría
El Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México será modelo a seguir como el primer organismo especializado de representación jurídica gratuita con autonomía constitucional del país.
El titular del Instituto Nacional de Defensoría Pública (INDP), del Consejo de la Judicatura Federal, Netzaí Sandoval Ballesteros, destacó la naturaleza jurídica del órgano local –que habrá de constituirse una vez que el Congreso capitalino apruebe la iniciativa de ley que se analiza en comisiones– ante diputados locales y defensores generales de diversos países del continente.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ricardo Ruiz, sostuvo que el principal reto será presupuestal, ya que en el proyecto de ley –que elaboró junto con la diputada Leonor Gómez Otegui– se plantea igualar las remuneraciones de los defensores públicos al de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Explicó que se trata no sólo de tener un salario digno y evitar que incurran en actos de corrupción, sino de evitar que sean cooptados después por los despachos patronales que en cuanto ven que destaca un defensor lo reclutan en sus cuadros y se pierde la inversión que hizo el Estado en su formación.
Explicó que por mandato constitucional la defensoría pública deberá garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, no sólo en las materias penal, familiar, mercantil y civil, sino en la administrativa y fiscal, lo que significa que litigarán también en contra del Estado, de allí el acierto del constituyente de establecerlo dentro de la Constitución como un organismo autónomo y no como un órgano del Poder Judicial local, como Sandoval explicó que sucede con el INDP.
En entrevista posterior, Ruiz dijo que la ley para crear el instituto será una de las prioridades del periodo extraordinario que empieza en septiembre y se tomarán previsiones para que gradualmente se asignen más recursos y el presupuesto no sea motivo para postergar su formación, porque el acceso a la justicia es un asunto de igualdad social.