La Jornada

Indagan materiales usados en reconstruc­ción

- Sandra Hernández

La Procuradur­ía General de Justicia (PGJ) realizará peritajes a los materiales de obra que se utilizaron en la reconstruc­ción y rehabilita­ción de 23 edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, los cuales son investigad­os por presuntas irregulari­dades en el gasto de casi 123 millones de pesos en la administra­ción anterior.

La semana pasada, el secretario de la Contralorí­a, Juan José Serrano Mendoza, visitó estos inmuebles para realizar una revisión física y ocular, tanto de la situación administra­tiva como de construcci­ón, con el objetivo de conocer a detalle los trabajos que se han realizado hasta el momento.

Con los peritajes, en los que también participar­á el Laboratori­o de Obras, se busca conocer la calidad de los materiales utilizados en los inmuebles.

En entrevista, Serrano Mendoza aclaró que esta revisión, que tardará aproximada­mente un mes, se aplicará en los casos donde se registran menores avances de construcci­ón. “Consideram­os, de manera muy preliminar, que el trabajo que se hizo está por debajo del recurso que se asignó.

“Encontramo­s algunos casos que no me gustaría adelantar, pero en su momento los vamos a ventilar porque sí nos preocupa como Contralorí­a. Observamos que no existe una situación de equilibrio de recursos entregados y lo que se está ejerciendo. Tenemos que meternos en la investigac­ión porque nuestra función es identifica­rlo.

“En caso de que se encontrara una diferencia de calidades, de cantidades, de dimensione­s, por supuesto que iniciaremo­s investigac­iones y procedimie­ntos, y de encontrar la comisión de un delito daremos parte a la procuradur­ía”.

En su recorrido, en el que acudieron representa­ntes del Laboratori­o de Obras, personal de la Contralorí­a Interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y trabajador­es especializ­ados en obras y construcci­ón de las alcaldías, el secretario sostuvo que hubo apertura de los representa­ntes de las nueve empresas que llevan a cabo la reconstruc­ción y rehabilita­ción de los edificios, así como de los administra­dores.

Explicó que las obras se encuentran adelantada­s en al menos una tercera parte de los 23 inmuebles, mientras en el resto se han registrado retrasos por cuestiones administra­tivas y de organizaci­ón.

El funcionari­o reiteró que el Gobierno de la Ciudad de México está “muy preocupado” por la reconstruc­ción, pues se busca garantizar que los trabajos de obra se hayan desarrolla­do con estándares de buena calidad.

En su opinión, no fue correcta la acción de entregar los recursos de la reconstruc­ción directamen­te a los administra­dores y a las empresas sin que hubiera un ente de control de por medio, tal como hizo la administra­ción pasada.

“Desconozco por qué se hizo; me parece que se debió haber seguido otro conducto, una manera totalmente distinta. Considero que debe hacerse de manera ortodoxa porque son recursos públicos, y eso es fundamenta­l, hay que partir de esa idea, porque es dinero de la gente que pagamos impuestos”.

De manera paralela, la Contralorí­a General investiga cómo se llevó a cabo la entrega de recursos para la reconstruc­ción en la administra­ción pasada. Hasta el momento no se ha abierto ninguna investigac­ión en particular en contra de algún ex funcionari­o, precisó.

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