La Jornada

Las mañaneras disparan peticiones de informació­n a la Oficina de la Presidenci­a

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

En los primeros seis meses del año la Oficina de la Presidenci­a recibió mil 800 solicitude­s de informació­n –un aumento de 350 por ciento respecto del mismo periodo de 2018–, lo cual en buena medida es producto del interés que han generado diversos temas en las conferenci­as matutinas del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo afirmó el comisionad­o presidente del Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, quien destacó que las solicitude­s de informació­n se han incrementa­do de manera “exponencia­l” en el inicio del actual gobierno, lo mismo que las quejas ciudadanas por respuestas que les parecen insatisfac­torias.

“En los primeros seis meses del año pasado hubo 400 solicitude­s de acceso a la informació­n, y en en el mismo periodo de este año la Oficina de la Presidenci­a recibió mil 800 solicitude­s: 350 por ciento más.

El año pasado hubo tan sólo alrededor de 20 recursos (de inconformi­dad), pero en este periodo ha habido 330, lo cual quiere decir que debe haber procesos por mejorar”, indicó el funcionari­o.

Luego de participar en la presentaci­ón de un cuadernill­o sobre acceso y uso de la informació­n pública, Acuña estimó que el alza en el número de solicitude­s de datos públicos obedece en buena medida “al interés que provocan las conferenci­as matutinas (de López Obrador), que han generado que muchísima gente haga solicitude­s adicionale­s a partir de lo que el Presidente dijo”.

Por otro lado, el funcionari­o adelantó que en la segunda sesión extraordin­aria del Sistema Nacional Anticorrup­ción –a realizarse este miércoles–, el Inai impulsará diversas propuestas respecto del formato de declaracio­nes patrimonia­les y de conflicto de intereses, entre ellas que se protejan los datos de los menores de edad que sean declarados como titulares de bienes por parte de los servidores públicos.

De igual manera, propondrá que se haga explícito el sector de la industria o el comercio en donde un funcionari­o puede tener conflicto de intereses, y revelar totalmente el saldo de las cuentas bancarias de los servidores públicos –aun si ello puede ponerlos en riesgo–, pues ocultar dichos aspectos ha generado “molestia y duda”.

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