Gasto partidista, perversión de la democracia
En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que “actúen de manera consecuente” y devuelvan a la Federación al menos la mitad del presupuesto que recibirán del Instituto Nacional Electoral (INE) para sus actividades ordinarias permanentes durante 2020. El mandatario consideró que la partida aprobada el martes por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE resulta inmoral e incongruente, pues supone perpetuar las dinámicas de los tiempos de “derroche” y “gastos superfluos”, en las cuales coexistían “gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”.
Los montos que se asignarán a los partidos políticos por el concepto mencionado resultan ciertamente cuestionables: un total de 5 mil 239 millones de pesos, de los cuales Morena recibirá mil 710.7 millones, el PAN 943.2 millones, el PRI 888.9, el PRD 438, el PT 384 millones, el PVEM 419 y Movimiento Ciudadano 403. Cabe recordar que estas asignaciones son calculadas mediante una fórmula establecida en la Constitución, por la que el total se obtiene multiplicando el número de personas inscritas en el Padrón Electoral por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA), para luego distribuirlo asignando 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de diputaciones federales.
No sólo el presupuesto de los organismos políticos puede tacharse de exorbitante, pues tal calificativo cabe también al de la propia autoridad electoral. Si se considera que este año el INE recibió para sus actividades 10 mil 397 millones de pesos y que, de acuerdo con el propio instituto, se trata del presupuesto más bajo aprobado desde su creación en 2014, ya puede imaginarse la escala de los gastos que se han manejado en este organismo autónomo.
Como señaló el mandatario, debe ponerse fin a este nivel de dispendio en el sistema político-electoral –que los gobernantes y los funcionarios electorales del ciclo neoliberal insistieron en presentar como necesario para el mantenimiento de la democracia mexicana– porque resulta contradictorio tanto con las políticas de austeridad y racionalización que conforman el nuevo paradigma político que triunfó en las urnas hace un año, como con la propia realidad nacional.
Además, y ante todo, es necesario terminar con este derroche consuetudinario por sus efectos nocivos sobre la vida democrática. Debe reconocerse que el volumen de recursos manejado por los partidos políticos en su operación cotidiana y en cada ciclo comicial induce una distorsión tanto en su interior como en el conjunto del sistema democrático: al buscar atraerse la voluntad ciudadana mediante despliegues publicitarios desmedidos, los partidos propiciaron el auge de toda una industria de la mercadotecnia política y la consecuente sustitución de las lógicas democráticas por las mercantiles en la elección de gobernantes y representantes. La visión mercantilista introducida así supone el vaciamiento y la perversión de la vida política, pues suplanta el debate ideológico y programático que constituye el corazón de la democracia por la reducción del ciudadano a un mero consumidor que se encuentra constreñido a optar entre las distintas envolturas presentes en el “mercado electoral”.
Por todo lo dicho, urge que la actual legislatura ponga manos a la obra para modificar la fórmula constitucional mediante la cual se asigna el presupuesto de los partidos políticos, a fin de que sea la ley y no la buena voluntad de sus dirigentes la que acote un dispendio a todas luces injustificable.