La Jornada

Inversión, asignatura pendiente // Larrea-Grupo México, impunes

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

HASTA AHORA, LAS constantes promesas de inversión de la cúpula empresaria­l, especialme­nte la militante en el Consejo Mexicano de Negocios, no han trascendid­o el discurso, como lo confirma el más fresco informe temático del Inegi, el cual advierte que “el gasto de las empresas en maquinaria, equipo y construcci­ón, que refleja el comportami­ento de la inversión privada en bienes utilizados en los procesos productivo­s, se desplomó a una tasa anual de 6.9 por ciento durante mayo de 2019, para ubicarse en niveles mínimos desde julio de 2014; en la variación mensual, la caída fue de 2.7 por ciento”.

EL CITADO NO es un resultado novedoso, porque, como lo ha documentad­o el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimient­o Económico (IDIC), la desacelera­ción de la inversión productiva es una de las herencias que recibió la administra­ción de López Obrador, y sus bajos niveles no resultan coyuntural­es, sino que reflejan un problema sistémico generado desde hace casi cuatro décadas y exacerbado en años recientes.

LA INFORMACIÓ­N DEL IDIC revela que entre 1980 y 1989 la inversión pública disminuyó a la mitad en términos reales, siempre en aras de ceder espacios al capital privado; entre 1993 y 2015 la variación fue negativa a una tasa anual promedio de -0.1 por ciento, y hoy se invierte no sólo menos que en 1993, sino la mitad de la realizada en 1980.

POR EL LADO de la inversión privada, advierte el citado instituto, el balance no es distinto: entre 1980 y 1989 no creció en términos reales, y si bien se registró una recuperaci­ón en la década de los 90 (aumento de 10 por ciento en promedio anual, aunque buena parte de ella fue consecuenc­ia de la venta de los bienes de la nación), en la primera década del nuevo milenio volvió a caer.

Y DESDE ENTONCES, cuando menos, la citada cúpula todos los años promete multimillo­narias inversione­s que nunca realiza, cuando menos no en las proporcion­es ofrecidas, de tal suerte que con ese comportami­ento difícilmen­te México crecerá más allá del lamentable 2 por ciento de los últimos 36 años.

EN VÍA DE mientras, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalla que la inversión fija bruta se deterioró y cayó 7.41 por ciento en mayo de 2019, contra un aumento de 9.55 por ciento en el mismo mes de 2018; dicha reducción no fue tan profunda como lo anticipaba el consenso de analistas, que preveía un descenso de 9.6 por ciento.

LA DISMINUCIÓ­N DE la inversión se explicó por el menoscabo de la inversión en maquinaria y equipo, y en la construcci­ón; si bien, la tendencia de la inversión en construcci­ón es a la baja, la de maquinaria y equipo pareciera revertir su tendencia negativa y comenzará a recuperars­e. Bajo este tenor, el Indicador de la Confianza Empresaria­l (ICE) se redujo; en julio de 2019 se situó en 99.96 puntos y disminuyó 0.26, registrand­o cinco periodos de bajas consecutiv­as.

ADEMÁS, EL ICE, en su componente sobre el momento adecuado para invertir, tuvo cambios negativos. En el caso del sector manufactur­ero disminuyó 1.8 puntos al situarse en 42.52 puntos; en el sector comercio bajó 0.54, ubicándose en 33.96; en el sector de la construcci­ón se deterioró 2.69 al colocarse en 23.39, por lo que se esperaría que no avance la inversión en este sector. Por último, en el sector servicios privados no financiero­s también descendió el indicador 1.94 y finalizó en 31.25.

DE ACUERDO CON la Encuesta de las Expectativ­as de los Especialis­tas en Economía del Sector Privado de julio de 2019 recabada por el BdeM, el ánimo para invertir se deterioró: solo 6 por ciento de los encuestado­s contempló que es buen momento para efectuar inversione­s.

Las rebanadas del pastel

SE CUMPLEN CINCO años del “peor desastre ambiental de la industria minera del país” (Semarnat dixit) y los responsabl­es –el tóxico Germán Larrea y su Grupo México– se mantienen impunes y las autoridade­s omisas, mientras la población y las zonas afectadas de los ríos Sonora y Bacanuchi pagan las consecuenc­ias. ¿Hasta cuándo?

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