Precisiones del Consejo de la Judicatura Federal
En relación con la nota publicada hoy por Fernando Camacho Servín: “El CJF asigna un contrato con sobreprecio para la impresión de documentos”, me permito hacer las siguientes precisiones:
La contratación referida en la nota se realizó mediante una licitación pública, con el acompañamiento de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y la participación de un testigo social independiente bajo el esquema de servicios administrados con el fin de eficientar costos conforme a las mejores prácticas internacionales.
La propuesta ganadora de la licitación, para un plazo de 48 meses, fue por un monto mínimo de 2 mil 319 millones de pesos, cifra que corresponde al costo de las necesidades actuales. Las propuestas desechadas no cumplieron con los requerimientos financieros, jurídicos o especificaciones técnicas señaladas en las bases de la licitación.
Dadas las condiciones presentes, ello representa un ahorro de más de 700 millones de pesos respecto al modelo de compras que se hacía anteriormente.
La cantidad de 4 mil 188 millones de pesos que se menciona en la nota corresponde al monto máximo establecido en el contrato –el mínimo, basado en los requerimientos actuales, es de 2 mil 319 millones de pesos como se señaló.
Esto obedece a que las necesidades de estos servicios, en un plazo de cuatro años, no son estáticas sino dinámicas. Esto encuentra fundamento en la normativa en materia de adquisiciones para cubrir necesidades futuras. Sin embargo, ello no implica que necesariamente sea el monto que habrá de erogarse.
Tradicionalmente el CJF realizaba la adquisición y mantenimiento de equipos de impresión, digitalización, adquisición de consumibles (tóner y papel), así como
Partidos, la necesaria austeridad
El tema propuesto por Andrés Manuel López Obrador de reducir a 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos es un acto que conlleva a un justo reparto de la riqueza que las organizaciones políticas opositoras en principio parecen haber aceptado, más que por convicción por la necesidad de no perder más credibilidad ante el electorado que simpatiza con la idea de rebajar sustancialmente el presupuesto a los partidos.
Aunque alguno expresa cierta inconformidad, al afirmar que se le quiere asfixiar económicamente o que al ver ajustadas sus percepciones, estaría tentado por el dinero del crimen organizado.
Esta última postura –del INE– nos recuerda aquella que sostenía que los sueldos no debían transparentarse porque serían víctimas de secuestro, o la otra que si no