Desde mediados de julio Zebadúa obtuvo amparo para no ser detenido
Desde la segunda quincena del pasado mes de julio, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, obtuvo una suspensión provisional que impide que sea detenido para enfrentar las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
El juzgado tercero de distrito con sede en el estado de Chiapas, concedió una suspensión provisional para que el Ministerio Público no pueda citar a comparecer, confiscar bienes o judicializar la carpeta de investigación en la que se le imputa haber dirigido la falsificación de firmas y convenios, simulación de contrataciones y otros actos que derivaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.
En las constancias el Consejo de la Judicatura Federal menciona que dentro del juicio de amparo 2005/2019, presentado el 19 de julio de este año, Emilio Zebadúa solicitó la protección de la justicia federal ya que el Ministerio Público Federal cometió “omisión de dar acceso a constancias y confiscación de bienes; omisión legislativa al aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales (no contener norma vinculante que imponga al MP la obligación forzosa de notificar al imputado la acusación o imputación formulada en su contra)”.
Ante las constancias recibidas por parte de la FGR, el juez Felipe Sifuentes Servín determinó conceder “la suspensión provisional para el efecto de no judicializar la carpeta de investigación y se mantengan las cosas en el estado que guardan”, es decir que Emilio Zebadúa no sea objeto de detención o citación ni sus bienes sean confiscados.
El jueves pasado, durante la audiencia en la cual se le informó a la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, la acusación en su contra por los desvíos de recursos públicos, se mencionó que Emilio Zebadúa era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el desvío de más de cinco mil millones de pesos.