Ayotzinapa debe ser el fin de la crisis humanitaria: Encinas
Reconoce funcionario, ante padres de los 43 normalistas, la deuda de justicia ante las desapariciones forzadas
“El viejo régimen sigue vivito y coleando. Vamos a necesitar del respaldo social para enfrentarlo”, sentencia Alejandro Encinas, subse cretario de Gobernación. Las frases, fácilmente suscritas por algunos críticos de la Cuarta Transformación, resumen el pulso que el funcionario libra con distintas fuerzas para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De la solución de este caso dependerá en mucho el rumbo que tome el país. Es necesario conocer la verdad –dice–. Dejar atrás al viejo régimen priísta. Acabar con el pasado del país y emprender un nuevo rumbo. México vive una crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos de la que tenemos que salir. Es una responsabilidad del Estado hacerlo. Ayotzinapa será el punto de partida para hacerlo.
En el aire que respiran los padres y madres de los muchachos desaparecidos flota el deseo de creer en sus palabras. Pero también, cierto escepticismo. Epifanio Álvarez, papá del normalista Jorge Álvarez Nava, sentado a escaso metro de distancia del subsecretario, se lo dice adolorido al funcionario. “Esperamos que el nuevo gobierno no vaya a hacer con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, lo mismo que nos hizo Enrique Peña Nieto cuando firmó la minuta mientras se burlaba de nosotros”
Queremos –dijo don Jorge levantando la voz al tiempo que frenaba su rabia con una pausa forzada– un poquito de avance. “Tenemos allí a Tomás Zerón, responsable de parte de nuestro sufrimiento. Hay que irnos sobre su cabeza. Sabemos que se está trabajando. Pero ya pasaron ocho meses. Queremos algo que dé confianza”.
Sin querer ser descortés con el funcionario, pero poniendo sobre la mesa el sufrimiento que atraviesa su corazón, le dijo: Le pedimos que estas palabras no se las lleve el viento. Queremos la verdad. Por eso nos exaltamos. Ya queremos saber algo. Este dolor no nos deja vivir.
Minutos antes, en una sesión previa del foro Palabras de vida, caminos de esperanza, efectuado en esta ciudad para celebrar los 25 años de la fundación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la jurista guatemalteca Claudia Paz y Pax, investigadora ex integrante del GIEI queridísima por los familiares de los 43, había puesto el dedo en la llaga. En Ayotzinpa, dijo desde su experiencia, hubo una clara obstrucción a la justicia por parte del Estado. No fue un problema municipal. Los militares estuvieron presentes. Los expertos se toparon allí con una relación “casi de maridaje” entre las fuerzas de seguridad, las de investigación, con el narcotráfico.
El inusual, emotivo y sincero diálogo entre el subsecretario que tiene a su cargo la solución de un crimen de Estado como lo es Ayotzinapa y uno de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos fue parte de la sexta sesión de trabajo del encuentro de Tlachinollan. En su origen la sesión era exclusivamente una conferencia magistral a cargo del funcionario. Pero, en los hechos, se transformó en algo sui generis.
No fue accidental. Así transcurrió todo el día de trabajos del foro, que comenzó con un asombroso servicio eucarístico atravesado por la ritualidad indígena, giró alrededor de los derechos humanos, y culminó con una combativa manifestación en las calles de Tlapa, encabezada por estudiantes de recién ingreso de la Normal Rural de Ayotzinapa, creando sus consignas tradicionales arrastrando la voz.
En una de las mesas, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó cómo la militarización en Guerrero tiene una historia larga y tremenda, alertó sobre cómo el asunto del desplazamiento forzado interno no se ha reconocido adecuadamente y apuntó la importancia de la resolución sobre el caso de Cristian Téllez, en Poza Rica, en el que se responsabilizó al Estado mexicano de su desaparición.
Alejandro Encinas –dijo Jarab– encarna la esperanza de que haya resultados en la investigación de la desaparición forzada de estudiantes en 2014 en Iguala. Con el nuevo gobierno hay nuevas oportunidades, aunque es muy difícil enfrentar las resistencias existentes. Como la prevalencia de un modelo de desarrollo basado en los megaproyectos.
En su intervención en el panel Los caminos de la justicia nacen del corazón de los pueblos, Rainer Rhule, durante más de una década miembro del Comite para la Desaparición Forzada, explicó que, en sus reuniones con el gobierno mexicano, había entendido que éste se comprometía a cumplir con las recomendaciones en materia de desaparición forzada. “Espero que se cumpla un día”, dijo.
Al abordar el asunto de la justicia transicional, expresó sus dudas de que ésta sea aplicable a la nación. México –dijo– no es un país para la justicia transicional porque aquí no hay transición. Hay cambios, pero éstos no se pueden comparar a los vividos en Perú o en Chile. Hay continuidad de las instituciones y los problemas. México ha sido siempre una nación de juegos de sombras y posibilidades de actuar. Conceptos como justicia, verdad, digna reparación del daño y garantía de no repetición deben garantizarse en toda circunstancia.
La celebración de los 25 años de Tlachinollan estuvo marcada, en palabras de su director Abel Barrera por un hecho: Vivir en la Montaña es vivir desde el reverso de la historia, por dos razones. Primera, porque es, pensar las cosas desde la raíz de la gente que tiene otra cultura, otro derecho, otra vida, otra visión.
“Y, segunda, porque los derechos humanos en la región no son letra viva, son letra pisoteada. Impedir que las garantías fundamentales sean pisoteadas es complicado. La estructura del poder en Guerrero se construyó pisoteando la dignidad del pueblo. Son las botas del Ejército y las pisadas de caciques que han vulnerado la vida de los pueblos.
“¿Qué significa defender los derechos humanos con esas pisoteadas del poder? Es muy complicado hacerlo. No se trata de enfrentar al Ejército y al cacique con botas; mucho menos con fuerza. Se trata de enfrentarlos con la lucidez de este gran patrimonio que nos ha dejado la humanidad, de defender la dignidad de los pobres.
Nosotros en Tlachinollan –concluye Abel, en estos 25 años hemos tenido que aprender y al mismo pelear. Pelear en las trincheras de los pueblos, en los territorios, en términos jurídicos, en los tribunales, en los Ministerios Públicos, en las cárceles para liberar a presos inocentes. Hemos tenido que enfrentar al Ejército cuando violenta los derechos humanos, cuando vulnera la vida de las mujeres, cuando viola y tortura a las féminas. Ha sido una pesadilla, pero también, ha habido momentos luminosos de sueños de justicia”. De eso se habló en Tlapa durante estos últimos dos días.