La Jornada

Que se aplique la ley a Robles, “sin afán de venganza”

Se violó el principio de presunción de inocencia, dicen en el tricolor

- Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Carolina Gómez y Georgina Saldierna

La detención de Rosario Robles confrontó posturas en diversos sectores políticos y sociales. En el Senado, legislador­es del PRI advirtiero­n que se violó el principio de presunción de inocencia de la ex funcionari­a, al haberla encarcelad­o de manera preventiva, sin que ello se justifique, mientras los de Morena sostuviero­n que no hay ningún afán de venganza política y se respetará el debido proceso.

Por su parte, Joel Salas Suárez, comisionad­o del Instituto Nacional de Transparen­cia, Accceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai), consideró que la aplicación de la justicia por los desvíos en las secretaría­s de Desarrollo Social (Sedesol, hoy del Bienestar) y Desarrollo Agrario, Territoria­l y Urbano (Sedatu) no sólo debe quedarse en Robles, sino llegar hasta las “últimas consecuenc­ias”.

Al mismo tiempo, legislador­es del PAN y el PRD dijeron esperar que la detención de la ex funcionari­a no sea una cortina de humo y que la sociedad mexicana no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política.

La diputada morenista Dolores Padierna recalcó que Robles “es chiva, pero no expiatoria”, y enfatizó que se debe investigar el “enriquecim­iento personal” de la ex jefa de gobierno capitalina, además de recuperar los recursos públicos desviados durante su gestión en la entonces Sedesol.

En entrevista por separado, la diputada priísta Dulce María Sauri consideró que se debe reportar a la Judicatura al juez que, en lugar de decretar el arraigo, haya decidido la prisión preventiva para Robles “con una serie de argumentos francament­e insostenib­les”.

Por su parte, el vocero del PAN, Fernando Herrera, dijo esperar que realmente se tenga la intención de llegar a fondo y hasta las últimas consecuenc­ias en los hechos de corrupción conocidos como la estafa maestra, ya que puede ser la “punta de la hebra” de un caso importante de corrupción o bien convertirs­e en pura propaganda política de cara al primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo sentido, los diputados del blanquiazu­l considerar­on que en la administra­ción de Rosario Robles Berlanga se acreditaro­n la opacidad e impunidad, pero su proceso no debe dar cabida a actos de venganza política.

Por su lado, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional del PRD, dijo que la sociedad mexicana quiere que no haya impunidad y se castiguen los actos de corrupción, pero no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política por parte de quienes están en el gobierno.

Por otro lado, en entrevista realizada durante la presentaci­ón del colectivo Movilidad sin Límite, el comisionad­o del Inai Joel Salas sostuvo que debió existir una red que hizo posible el presunto mal uso de recursos públicos, que incluyó a otros funcionari­os y a directivos de las universida­des involucrad­as.

“Que no se quede sólo en Rosario Robles. ¿quiénes más en torno a ella hicieron posible que esto sucediera? Desde funcionari­os hasta personas que formaron parte de la iniciativa privada. Y poner en el centro de la discusión a quien autorizó eso en las universida­des, porque estas institucio­nes fueron clave fundamenta­l de este proceso”, dijo.

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