Desaparecidos y exhortos internacionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo interpuesto por la organización no gubernamental Idheas, que impugna la negativa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a aplicar la acción urgente que demanda el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas en relación con los casos de Víctor Álvarez Damián, Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González, José Armando Cortés Arrioja, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe y Marco Antonio Ramírez Hernández, víctimas de desaparición forzada en 2013.
Si el máximo tribunal falla en favor de Idheas, el Estado mexicano y las autoridades que lo representan se encontrarán legalmente obligadas a acatar las acciones urgentes de la CED, las cuales constituyen “solicitudes para que los estados tomen de inmediato todas las medidas necesarias para buscar y localizar a una persona desaparecida e investigar su destino”, un asunto de máxima relevancia si se considera que de las más de 500 acciones emitidas por el organismo multinacional desde 2012, 328 han estado dirigidas a México.
Para poner en contexto el amparo contra la
FGE, es necesario recordar que la disposición mostrada por el actual gobierno federal para atender a los familiares de las víctimas de desaparición y reconocer la magnitud de esta tragedia contrasta con la indolencia imperante en los sexenios pasados, pero no necesariamente ha encontrado eco a escala estatal. De manera específica, existen múltiples señalamientos en el sentido de que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, fue puesto en el cargo, que es autónomo, por su amigo, el gobernador anterior, Miguel Ángel Yunes Linares, con el propósito de blindarse ante eventuales pesquisas legales en su contra una vez que abandonara el Ejecutivo del estado.
Concretamente, las organizaciones de familiares de desaparecidos en la entidad han formulado numerosas manifestaciones de inconformidad por la falta de experiencia, competencias y voluntad política del fiscal veracruzano para romper con la impunidad y la red transexenal de complicidades que ha distorsionado durante varios lustros la vida pública de la entidad. Para citar sólo un ejemplo, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, fundadora de Solecito, el colectivo que encontró la fosa clandestina más grande del país a las afueras del puerto de Veracruz, ha reiterado que Winckler mantiene en el abandono los casos de las personas desaparecidas y trabaja no para la sociedad, sino para el gobierno previo.
Se ha señalado, por otra parte, que la ausencia forzada de una persona es incluso peor que la muerte, por cuanto sus familiares y su entorno social no pueden asimilar una zona de terrible incertidumbre en la que no existe ni siquiera la certeza de la pérdida y en la que no es posible vivir y elaborar el luto por ella, y la solución a esa circunstancia inhumana y exasperante no debiera seguir dependiendo de intereses facciosos enquistados en las instituciones.
Resulta imperativo, por ello, que tanto en el caso contra el fiscal de Veracruz como en la generalidad de las situaciones semejantes que pudieran presentarse en el resto de la nación, el Poder Judicial intervenga para ordenar la aplicación inmediata de los exhortos de la CED y otras instancias internacionales y para sancionar a los funcionarios que falten a sus deberes elementales. Este paso es indispensable para restaurar la plena vigencia de la legalidad y avanzar, por medio del esclarecimiento, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición, hacia la pacificación plena y la reconciliación en el país.