Hasta 500 mil dólares a ex diputados que aprobaron ley Bonilla

Los ex diputados locales que aprobaron la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años la gubernatura de Baja California, recibieron por ello entre 200 mil y 500 mil dólares, aseguró el ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de ese estado, Jaime Martínez Veloz. Al ratificar ante la Fiscalía General de la República (FGR) su denuncia contra quien resulte responsable por la citada modificación legislativa hecha de manera irregular, después de las votaciones estatales del 2 de junio, Martínez Veloz dijo que personeros de los ex legisladores fueron citados en un hotel de Mexicali, donde Amador Rodríguez Lozano, cercano colaborador del gobernador electo, Jaime Bonilla, –del partido Morena–, les entregó los recursos un día antes de que los ex legisladores aprobaran la prolongación del mandato. Martínez Veloz llegó a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México acompañado por integrantes de la dirigencia del PRD, entre ellos, Ángel Ávila, quien pidió al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, que tome el caso en sus manos.

Georgina Saldierna

Inconstitucionales, retenes fitosanitarios en Chihuahua

Es inconstitucional la facultad que el Congreso de Chihuahua otorgó al gobierno de ese estado para instalar en sus carreteras “puntos de verificación interna”, es decir retenes, con fines de control fitosanitario. La norma, anulada ayer por el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permitían además castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien evadiera esos controles. En sesión del pleno de la SCJN, ayer se invalidaron los artículos 371, 372 y 374 del Código Penal de Chihuahua, por considerar que invadían atribuciones exclusivas de la Federación, ya que el tema de la seguridad fitosanitaria y sus sanciones se incluye en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. El caso fue iniciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien interpuso una controversia constitucional en contra del artículo 371 del Código Penal de Chihuahua, el cual imponía sanciones a quien evadiera “un punto de verificación interna o interna estatal”. Al analizar el caso, los ministros invalidaron por extensión los artículos 372 y 374 del ordenamiento, pues establecían sanciones administrativas y excepciones sobre el tema, declarado en su momento como inconstitucional.

Eduardo Murillo