Transgénicos traen cáncer y muertes
Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento “Red federal de docentes por la vida”, en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/ y5ez2gs6)
En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente
esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).
El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.
En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.
Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.
Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse “estado libre de transgénicos”, en repuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.
De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el “estado libre de transgénicos”, que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.
En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.
Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.
* Investigadora del Grupo ETC