La ASF investiga desvíos del gobierno de Javier Duarte por $191 millones
Ante la imposibilidad de notificarles personalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer a través de edictos que indaga desvíos y falta de comprobación del destino de más de 191 millones de pesos que fueron aportados por el gobierno federal entre 2013 y 2014 al gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y que entre los presuntos involucrados en estos actos de corrupción se encuentra el ex diputado federal priísta Antonio Tarek Abdalá Saad, quien hoy forma parte de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tarek Abdalá es señalado por el Ministerio Público Federal como integrante de una red de servidores públicos del estado de Veracruz que incurrieron en desvío de recursos a empresas fachada y que beneficiaron a personas cercanas al ex mandatario veracruzano.
En días pasados, en el Diario Oficial de la Federación se dieron a conocer diversos avisos judiciales sobre procedimientos de “fincamiento de responsabilidad resarcitoria”.
Entre los acuerdos publicados se difundieron dos que involucran a Tarek Abdalá, uno de ellos en el que se menciona que durante su “cargo como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz omitió administrar adecuadamente los recursos financieros asignados” a la institución, “lo que provocó que durante su gestión dicha dependencia realizara transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014, por la cantidad de 11 millones 500 mil pesos”.
De acuerdo con la publicación, los recursos fueron transferidos a dos cuentas “sin que durante la auditoría practicada por esta ASF, dicha secretaría acreditara haber contado con la documentación justificativa y comprobatoria que permitiera constatar que el destino dado a dichos recursos se encontrara dentro de los objetivos permitidos para su ejercicio”. Todo ello se enmarca dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM/A/06/2019/14/199, que tiene a su cargo la Dirección General de Responsabilidades de la ASF.
El otro acuerdo publicado en contra del testigo colaborador de la FGR, en su carácter de tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, es porque “no administró ni llevó el control de los ingresos y egresos respecto de los recursos del Fondo Metropolitano” en el periodo del 30 de septiembre al 14 de noviembre de 2014, y se detectó que se transfirieron a dos cuentas no vinculadas con la institución gubernamental 149 millones 81 mil 794 pesos, sin que los hubieran entregado a los Fideicomisos Públicos de Administración e Inversión de las Zonas Metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, ni que se hayan “aplicado a los programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento”.
Esto generó un daño a la hacienda pública federal por 12 millones 781 mil 245 pesos, además de 4 millones 88 mil 233, otro por 11 millones 451 mil 842 pesos, además de un cargo más por 52 mil 16 pesos y los 149 millones 81 mil 794.
Asimismo, se indaga a Gerardo Mantecón Rojo, ex director general de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por desviar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014, por montos que están desglosados de la siguiente manera: 945 mil 905 pesos para el pago de una obra no autorizada, otro cargo por 149 mil 326 pesos por concepto de adquisición de materiales y suministros de laboratorio, y la disposición irregular de 200 mil pesos para el pago de viáticos nacionales.
Además, en contra de Arnulfo Octavio García Fragoso, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación en 2014, se inició un procedimiento por ser responsable de actos u omisiones al no acreditar con la documentación que permitiera constatar el reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos que le fueron entregados al amparo del Convenio de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, por 10 millones 295 mil 762 pesos.