Con impugnación, opositores buscan proteger derechos ciudadanos

El llamado bloque opositor en el Senado –integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD)– ha presentado dos acciones de inconstitucionalidad contra reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por Morena y sus aliados, y preparan una tercera para controvertir las recientes modificaciones que endurecieron las sanciones contra la defraudación fiscal mediante la creación de empresas fantasma y el uso de facturas falsas.

Sin embargo, los senadores Julen Rementería (PAN), Manuel Añorve (PRI) y el perredista Miguel Ángel Mancera sostuvieron, en entrevistas por separado, que la intención no es frenar los programas federales ni obstaculizar al gobierno de la República, sino vigilar que no se lesionen los derechos de los ciudadanos.

“Se ha logrado consolidar un grupo que, pese a nuestras diferencias partidistas, hemos hecho equipo para poder contener a una mayoría que se impone sin tomar en cuenta nuestros puntos de vista”, recalcó Rementería.

Indicó que juntos reúnen 50 senadores, casi un tercio de la cámara, votos suficientes cuando Morena y sus aliados imponen reformas, como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue la primera que controvirtieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El recurso de los opositores detuvo durante varios meses la entrada en vigor de esa norma, lo que obligó a Morena a realizar algunos cambios, pero mantuvo su función central: que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.

Añorve comentó que preparan ya la acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma sobre empresas fantasma y factureros, ya que es muy delicado que no sólo ese ilícito, sino toda la defraudacion fiscal, se considere delincuencia organizada.

Igualmente, el coordinador Mancera alertó que se abre la posibilidad de que cualquier contribuyente sea sujeto de prisión preventiva, intervención de llamadas e incluso de que se aplique a sus propiedades la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Señaló que están seguros de que la SCJN les dará la razón, ya que las reformas aprobadas a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, en particular a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, no precisan que sólo la defraudación con facturas falsas y empresas fantasma es delincuencia organizada.

Cuando esa reforma se promulgue, aseguró, junto con PRI, PAN y MC interpondrán una acción de inconstitucionalidad, “con el único objetivo de ser una oposición responsable y cuidar el régimen constitucional”.

Rementería sostuvo que en su bancada no los intimidan las descalificaciones del presidente López Obrador y seguirán adelante.