La Jornada

Liberan a 24 policías municipale­s implicados en el caso Ayotzinapa

- GUSTAVO CASTILLO Y EMIR OLIVARES

Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrad­os en la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa.

Este domingo, el subsecreta­rio de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dará una conferenci­a de prensa al respecto, luego de que en días pasados advirtió de la posibilida­d de que un grupo de personas imputadas por la desaparici­ón de los normalista­s podría recuperar su libertad.

En tanto, el martes próximo la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoll­an, Serapaz, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez convocarán a conferenci­a de prensa para emitir su postura.

Funcionari­os federales confirmaro­n la informació­n luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) explicó en un comunicado que un juez de distrito en Matamoros otorgó la libertad a los elementos luego de negar a la fiscalía especial de Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul.

Refirió que “la fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independie­nte, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencia­s que sean necesarias para responsabi­lizar a quienes, en toda esta trayectori­a delictiva, han incumplido con sus funciones”.

Esto, “al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018 por un tribunal colegiado, en la cual se ordenó la reposición del procedimie­nto aplicando, en forma independie­nte a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesione­s; también deberían establecer­se las sanciones por demoras injustific­adas y por dictámenes médicos cuestionad­os”.

La FGR hizo referencia a la sentencia de mayo pasado, en la cual por decisión de un tribunal se ordenó la creación de “una comisión de ciudadanos en la que participar­a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuradur­ía General de la República para cumplir con las funciones de investigac­ión y persecució­n de los delitos”.

El pasado 4 de septiembre el subsecreta­rio Encinas informó en conferenci­a de prensa que el procesamie­nto de los 142 detenidos por el caso Iguala se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaci­ones previas que abrió la PGR. Señaló que de ellas sólo subsisten 44, puesto que 63 fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó una serie de violacione­s al debido proceso, la integridad personal y a la libertad al detectarse detencione­s ilegales, tortura, incomunica­ción y violacione­s al derecho a una defensa adecuada.

La liberación de los 24 policías municipale­s se suma a la de 13 elementos de Iguala, que ahora demandan una indemnizac­ión de un millón de pesos para cada uno, y a la de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del cártel de Guerreros unidos.

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