Aún abierta, pesquisa contra Medina Mora: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que siguen abiertas las investigaciones contra Eduardo Medina Mora, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque reconoció haber congelado y descongelado las cuentas bancarias del también ex procurador de la República, así como de sus hermanos y las empresas que poseen.
La institución que dirige Santiago Nieto Castillo denunció en agosto pasado ante la Fiscalía General de la República a Medina Mora por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 103 millones de pesos.
Medina Mora presentó su renuncia el 3 de octubre sin anunciar su decisión al presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar. Su dimisión fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también en el Senado.
Sin embargo, días después surgieron versiones de que Medina Mora fue presionado para dejar su cargo, y para ello la UIF bloqueó las cuentas bancarias del ex ministro y sus familiares.
La UIF dio a conocer ayer en una tarjeta informativa que el congelamiento de las cuentas ocurrió oficialmente un día después de la renuncia de Medina Mora: “El jueves 3 de octubre de 2019 se elaboró fuera del horario hábil (22:30 de la noche) y horas después de que se dio a conocer públicamente la renuncia del ahora ex ministro Eduardo Medina Mora, el oficio 110/F/B/5182/2019 con folio SIARA UIF/2019/000678 por el que la UIF requirió que la CNBV informara a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias arriba referidas.
“El oficio se envió y recibió en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el viernes 4 de octubre de 2019 a las 9 horas, como se comprueba con los acuses generados automáticamente por el sistema SIARA y con los que esta autoridad cuenta”.
También, la UIF (dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) indicó que “el requerimiento para dejar sin efectos el bloqueo de cuentas respondió a procedimientos jurídicos internos llevados a cabo en el marco de la protección de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores de las empresas, así como de usuarios del sistema financiero”.