Lenín y la dictadura del capital en Ecuador
La historia de Ecuador es una historia de rebelión. Entre 1997 y 2007 el país de Eloy Alfaro tuvo ocho presidentes, tres de ellos –Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez– fueron derrocados por levantamientos populares. Sólo Rafael Correa logró la estabilidad suficiente, estando en el cargo durante 10 años, entre 2007 y 2017; fue sucedido por Lenín Moreno, quien había sido su primer Vicepresidente.
En los tres casos de presidentes derrocados, el detonante fue la aplicación de medidas neoliberales contra el pueblo. Bucaram elevó 500 por ciento las tarifas de la luz y dejó de subsidiar las del gas, Mahuad dolarizó la economía y Gutiérrez –que había llegado con un programa de centroizquierda y el apoyo del movimiento indígena– traicionó su programa y apoyos para acercarse a Estados Unidos y Colombia, y fue desalojado del poder tras unas movilizaciones de la clase media urbana contra la corrupción y cooptamiento del poder judicial, en lo que fue conocida como Rebelión de los Forajidos.
Este es un esbozo de la memoria larga de las rebeliones en Ecuador, pero para entender lo que sucede hoy en el país andino también es importante una memoria corta que examine cómo nace la rebelión que vivimos actualmente, la rebelión de los “zánganos”, en palabras del presidente de apellido Moreno, cuyo nombre no me atrevo a teclear para no mancillar el recuerdo de un gran revolucionario.
Un presidente que llegó a ser candidato para suceder a Correa más por las encuestas (si llega a ser por capacidad o lealtad al proyecto, ahí estaban Ricardo Patiño o Gabriela Rivadeneira para sucederlo) que arrojaban que un señor bonachón en silla de ruedas, que venía de ser enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad tras ser vicepresidente del primer gobierno de Rafael Correa, tenía más posibilidades de ganar al candidato de las élites económicas, el banquero Guillermo Lasso.
Y así fue, Moreno ganó en segunda vuelta con 51 por ciento de los votos, y en menos de dos años y medio de mandato metió en la cárcel a su vicepresidente Jorge Glas (también vicepresidente en el primer gobierno de la revolución ciudadana); aplicó el lawfare contra Rafael Correa; destruyó Alianza País a nivel nacional y la Unasur a nivel internacional; sacó a Ecuador del Alba y de la Opep; se incorporó al Grupo de Lima, y avanzó en su integración a la Alianza del Pacífico al mismo tiempo que retiraba el asilo a Julian Assange. El viraje de 180 grados a la derecha se consumaba.
Pero hacia la derecha siempre se puede girar aún más, y la nueva vuelta de tuerca llegaba el primero de octubre con el anuncio por parte de Moreno del Decreto 883, un paquetazo de medidas económicas como condición impuesta a los más de 4 mil millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional: eliminación del subsidio a las gasolinas (que suponía un incremento de 120 por ciento al diésel y 30 por ciento a la gasolina regular); 20 por ciento menos de remuneración para los contratos ocasionales; reducción de 30 a 15 días de vacaciones a los empleados públicos; la eliminación del impuesto de salida de divisas, y otra serie de medidas clásicas del shock neoliberal al estilo de las impuestas por el capital en la Argentina de Macri con el objetivo de la “flexibilización laboral” en primer lugar.
Las protestas de estos días, sin embargo, recuerdan más a la Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000, con trabajadores (los transportistas comenzaron las protestas), estudiantes, indígenas y clases medias en las calles, protestando contra un gobierno y un presidente que tuvo que huir de Quito a Guayaquil e imponer el estado de excepción, sacando a los militares a las calles a reprimir las protestas. Protestas con múltiples voces y sin un liderazgo claro, ni siquiera el de la Conaie, cuyos dirigentes han sido rebasados por sus propias bases.
El saldo preliminar de una semana de represión deja siete muertos y más de 600 heridos, además de 13 periodistas encarcelados y nueve medios de comunicación intervenidos. Ya se sabe que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad.
Y el gobierno no quiere que la comunidad internacional conozca la verdad sobre lo que sucede en Ecuador.
¿Es el fin del gobierno del señor de apellido Moreno? Aún es pronto para decirlo. No parece que las movilizaciones por sí solas vayan a provocar la renuncia del presidente, pero tampoco parece que Moreno, sin estructura partidaria ni gabinete propios (sus ministros son imposiciones de los diferentes grupos de poder) pueda llegar hasta la próxima elección presidencial de 2021 si las élites económicas, los medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos dejan de sostenerlo una vez cumplida su misión, de manera similar a lo sucedido con Temer en Brasil.
La solución podría ser la muerte cruzada, una fórmula plasmada en la Constitución de 2008 que permite materializar el Que se vayan todos. El presidente tiene facultad para disolver la Asamblea Nacional, así como la Asamblea tiene la facultad de destituir al Presidente, pero en ambos casos se debería llamar a elecciones para sustituir a los integrantes de los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.
Mientras tanto, el estado de excepción y la violencia contra las mayorías sociales imponen en Ecuador la dictadura del capital.