Poder Judicial criminaliza normas de indígenas, acusa la CRAC-PC
Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) denunciaron que el Poder Judicial criminaliza los sistemas normativos de los pueblos indígenas, al multar con 190 mil pesos a la casa de justicia de El Paraíso por mantener en reducación a Teodoro Crisóforo Jiménez, quien asesinó a su hermano e hirió a una mujer el pasado 17 de mayo. El juez además ordenó su liberación y los acusó de secuestro.
En conferencia de prensa en esta capital, a nombre de las casas de justicia de la CRAC-PC del municipio de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, en Metlatónoc; Caxitepec, en Acatepec, y el Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, el defensor Vidulfo Rosales Sierra denunció que el pasado 8 de octubre recibieron una notificación del abogado José Artemio Navarrete, juez segundo de distrito de Guerrero.
Explicó que el juez resolvió el incidente de suspensión 762/2019, que se tramitó dentro del amparo número 762/2019, promovido por Crisóforo Jiménez, vecino de Coyul, municipio de Ayutla de los Libres, quien está en proceso de reducación en la casa de El Paraíso, por homicidio calificado.
Detalló que la resolución establece una multa de más de 190 mil pesos para los coordinadores de la CRAC-PC de la casa de justicia de El Paraíso, para los comisarios de esta comunidad y para la autoridad comunitaria de El Coyul.
Además ordenó al Ministerio Público federal “iniciar carpetas de investigación por desacato y privación de la libertad personal de Teodoro Crisóforo, por lo que el Ministerio Público del fuero común en Ayutla, y el federal en Acapulco, abrieron expedientes por privación de la libertad, y desacato a una orden judicial”, precisó.
Rosales Sierra señaló que el juez también “ordenó al gobernador Héctor Astudillo, y a la Fiscalía del estado hacer los operativos necesarios para que los coordinadores y comisarios liberen al detenido”.
Consideró que el juez Navarrete “hace una interpretación restrictiva de la Constitución, sin acudir al Convenio 169 de la OIT, y la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas”.