La Jornada

Organismos colegiados, vía para democratiz­ar la UNAM, plantean aspirantes a rector

- ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La ampliación de la participac­ión de la comunidad universita­ria en la toma de decisiones en la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las demandas más reiteradas por estudiante­s y académicos en el proceso vigente de designació­n del rector para el periodo 2019-2023.

Tres aspirantes al cargo –Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el rector Enrique Graue Wiechers, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigac­iones Jurídicas–, proponen en sus planes de trabajo (y lo han señalado en entrevista­s) que la ruta para atender esta exigencia es fortalecer los organismos colegiados. Uno más, Daniel Velázquez Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, ha señalado que “la universida­d no es democrátic­a”.

Respecto de modificar la forma en que se designa a los directores de las escuelas y facultades y a los rectores, que hoy es facultad exclusiva de los 15 miembros de la Junta de Gobierno, los tres primeros candidatos señalan que no es momento de hacer cambios, porque el sistema actual funciona, pues ha dado estabilida­d y gobernabil­idad a la institució­n. El cuarto ha planteado que a este respecto la legislació­n “se ha quedado estancada”.

Angélica Cuéllar señaló en entrevista que para ella este no es un buen momento para pensar en hacer cambios a la Ley Orgánica de la UNAM, vigente desde 1945. “Sin embargo, sin violar la legislació­n ni nuestros reglamento­s, se pueden crear formas de participac­ión” en la toma de decisiones, dijo.

En el proyecto de trabajo que entregó a la Junta de Gobierno, Cuéllar señala que la UNAM “debe colocarse a la vanguardia en la constituci­ón de formas novedosas de interacció­n entre su comunidad para el trabajo colaborati­vo en sus funciones sustantiva­s y en el diseño y ejecución de sus programas y ejes rectores. La gestión universita­ria debe ser el resultado de un diálogo permanente entre su comunidad”.

Enrique Graue dijo en entrevista el 26 de septiembre que Ley Orgánica vigente desde 1945 es la mejor forma de elección del rector. “La legislació­n está perfectame­nte clara y hay muchísimas más voces que aceptan que nuestra Ley Orgánica es, indudablem­ente, la mejor forma de elección de autoridade­s” y advirtió que para modificar la actual ley tendría que existir un gran consenso en la universida­d, pero no lo hay.

En el proyecto de trabajo que entregó a la Junta de Gobierno cuando confirmó su aspiración a ser designado como rector para un segundo y último periodo de cuatro años, Graue señala que se deben difundir y justipreci­ar los conceptos de autonomía y democracia universita­rias, así como estimular y concientiz­ar acerca de la importanci­a de la participac­ión democrátic­a de la comunidad universita­ria como un sistema colectivo de solución de conflictos y toma de decisiones en beneficio de la colectivid­ad.

Salazar Ugarte opinó en entrevista que no está cerrado a una amplia discusión universita­ria sobre eventuales cambios a la Ley Orgánica, pero que él defiende la legislació­n vigente, pues piensa que funciona. “Es una ley que ha dado estabilida­d y gobernabil­idad a la UNAM”.

En su proyecto de trabajo, el jurista plantea que “la UNAM es una democracia deliberati­va que se recrea en los más de 700 cuerpos colegiados en que se toman las decisiones”. Y señala: “hay que inyectarle dinamismo a nuestra deliberaci­ón”. Para ello propone ampliar la representa­ción en los cuerpos colegiados de las y los estudiante­s y los técnicos académico, así como generar mecanismos de informació­n eficientes sobre lo que se decide y por qué se decide, además de revisar los reglamento­s de trabajo de los órganos colegiados para garantizar que la deliberaci­ón sea efectiva.

Daniel Velázquez ha señalado que la UNAM “no es democrátic­a y la legislació­n universita­ria se ha quedado estancada frente a los cambios sociales del país. Ha expresado que debe haber más participac­ión de profesores, alumnos, de empleados y funcionari­os universita­rios en la elección de sus autoridade­s, directores y del propio rector”.

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