México y el pacto mundial sobre refugiados
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que su estrategia migratoria actual se basa en el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Legal, que se conoce como Pacto Migratorio Mundial (PMM). Supone un avance en relación con las convenciones anteriores acordadas en Naciones Unidas, pero tiene ciertas limitaciones para entender los flujos que llegan de Centroamérica a México en la medida en que el PMM se centra en los migrantes, es decir, personas que entran o se quedan en un país del que no son ciudadanos a través de diversos canales y lo que México está enfrentando son flujos de personas que buscan refugio y requieren protección internacional.
El Pacto Migratorio Mundial debe ser una guía para todos los países, en la medida en que enfatiza el papel de la migración como factor de desarrollo, a los derechos humanos como el marco que debe primar en el manejo de los flujos migratorios, además de establecer compromisos concretos contra la trata y el tráfico de personas. Sin embargo, el gobierno mexicano debe añadir a su política las propuestas del Pacto Mundial sobre Refugiados, cuyos objetivos son diferentes al PMM. Se centra en los derechos de los refugiados y las obligaciones de los estados, pero incorpora la cooperación internacional. Esto último supone un extraordinario aporte de la Declaración de Nueva York adoptada en septiembre de 2016 al llenar un vacío de décadas de la Convención sobre Refugiados del año 1951. El Pacto Mundial sobre Refugiados orienta a la comunidad internacional para apoyar a los países, comunidades de acogida e incluir recursos financieros adicionales, respaldo político, asistencia técnica, acuerdos comerciales preferenciales, mayor acceso al reasentamiento. Asimismo, busca incluir a los refugiados en la sociedad y la economía del país de acogida, permitirles que contribuyan a sus nuevas comunidades y asegurar su propio futuro. El Pacto Mundial sobre Refugiados establece la arquitectura para que, ante una gran crisis de refugiados, la respuesta internacional sea “más sólida, más predecible y más equitativa”. De tal suerte que, como señala Filippo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados, “los refugiados no sólo sean una preocupación internacional sino una responsabilidad compartida”. Por eso no se debe confundir con el pacto de migración que se adoptó en Marrakech a finales de diciembre de 2018, pues si bien migrantes refugiados han salido de su país hay una distinción legal importante entre unos y otros.
Se puede afirmar que México está enfrentando “una gran crisis de refugiados” y los cambios que el gobierno realizó ante las amenazas de Donald Trump no están dando buenos resultados. Por ejemplo, reforzar las fronteras con la Guardia Nacional incrementa los conflictos y genera la terrible industria de los traficantes de personas. Es cierto que hay dificultades tanto por falta de personal capacitado en migración y derechos humanos como por limitaciones presupuestales que están afectando al conjunto de organizaciones encargadas de apoyar a los refugiados como es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Estas prácticas han dado lugar a que las estaciones migratorias se hayan convertido en verdaderos centros de detención, en los que se hacinan las personas a las que difícilmente se otorga condiciones para una estancia digna. Y el fantasma de la deportación recorre el proceso, incrementando la tensión de ese grupo social cuando debería ser el último recurso y sólo por motivos bien determinados.
No obstante, es muy esperanzador que se esté elaborando una propuesta que reconoce la importancia del enfoque regional ante la compleja situación de desplazamiento de los países de América Central, y que aborde en forma simultánea las necesidades de los países de origen, tránsito y destino y, de esta forma, poder responder a lo que se ha denominado “situación de refugiados en gran escala”. De hecho, en línea con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016) los estados de la región, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá (El Salvador se sumó al proceso en 2019) están trabajando en el desarrollo de una aplicación regional conocida como Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (Mirps) y, entre otras asignaturas pendientes, busca establecer las medidas que debe tomar la comunidad internacional en respuesta a la situación de refugiados en gran escala. México acaba de ser elegido como primer presidente pro tempore del Mirps, su misión será coordinar los esfuerzos conjuntos entre los países del Mirps y “actores relevantes para promover la efectiva implementación del mecanismo, impulsando acciones a partir de la coordinación de cada Estado y a escala regional”.
Es cierto que falta mucho para contar con un sistema de asilo sólido y una verdadera política pública de integración, pero este parece ser el camino correcto, y, como señala Filippo Grandi: “Para prosperar, los refugiados necesitan oportunidades, no sólo sobrevivir”. Yo añadiría: “promover un discurso público que modifique las posibles percepciones negativas contra estas personas”.
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Falta mucho para contar con un sistema de asilo sólido y una verdadera política de integración, pero ese parece ser el camino