A proceso, dos funcionarios del gobierno anterior por diversos delitos
Son Joel Pazol Ruiz y Alejandro Francisco Serrano Yáñez // Dicta juez al primero prisión preventiva
Jueces de control vincularon a proceso a Joel Pazol Ruiz, ex subdirector de Análisis Presupuestal de la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos; y a Alejandro Francisco Serrano Yáñez, oficial secretario del Ministerio Público de la Visitaduría Ministerial, acusado por una ciudadana de negación del servicio público.
Durante la audiencia inicial, en el primer caso el impartidor de justicia le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, y fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El ex servidor público en la gestión de gobierno del hoy senador Miguel Ángel Mancera, fue detenido en diciembre de 2019 por agentes de la Policía de Investigación en cumplimiento de una orden de aprehensión e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue vinculado a proceso por segunda ocasión.
Con base en las indagatorias, Pazol Ruiz y otros ex servidores públicos fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Captepol), y posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
Dicha situación ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por más de 293 millones de pesos, con lo que suman tres los ex servidores públicos vinculados a proceso por este caso, como son Pazol Ruiz, María del Carmen Ramírez Jasso y Óscar Armando Peña Avendaño.
Por otra parte, en audiencia, otro juez de control vinculó a proceso a Alejandro Francisco Serrano Yáñez y le ordenó acudir cada 15 días a firmar ante el juzgado y no acercarse ni comunicarse con la denunciante, además de fijar dos meses para el cierre de la investigación complementaria.