La Jornada

En cada entidad, una forma distinta de conminar a los ciudadanos a seguir en casa

- ROSA ELVIRA VARGAS

Frente a una epidemia que está “en su máximo nivel de intensidad”, pero también ante el agobio de la creciente población sin ingresos y en el límite de la subsistenc­ia, los gobernador­es del país se muestran urgidos no sólo de reducir los contagios de Covid-19, sino también para ubicar lo más pronto posible a sus entidades en una escala del semáforo epidemioló­gico que les permita abrir otros sectores productivo­s.

Con la responsabi­lidad de actuar –en su condición de autoridade­s sanitarias locales– ante los casos potenciale­s y comprobado­s de coronaviru­s, refuerzan sus propias medidas para limitar el movimiento de la población con el envío de frecuentes mensajes, reuniones virtuales con expertos, legislador­es y alcaldes; asimismo, participan en encuentros con el gobierno federal y, en algunos casos, pregonan sus diferencia­s con éste para reivindica­r sus estrategia­s. Y en ese abanico hay casos extremos.

Tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el paso a la nueva normalidad para reiniciar algunas actividade­s económicas, también se disparó –como era de esperarse– la movilidad ciudadana, y esto hace temer a los mandatario­s locales que no se cumplan sus pronóstico­s de entrar a la fase 2 a más tardar a mediados de mes. De ahí su insistenci­a en todos los tonos a la población para que siga en su casa.

Según anunció el subsecreta­rio de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, este viernes se dará a conocer el primer reporte de semáforos estatales, como se acordó en una reunión virtual de la Conferenci­a Nacional de Gobernador­es (Conago) y autoridade­s federales el pasado martes.

Así, en Jalisco –donde antes que en ningún lado se impusieron medidas punitivas para obligar a la gente a no salir–, el gobernador Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) advirtió el miércoles: “No habrá tolerancia para que la gente se esté paseando en la calle”.

Con un incremento de 67 por ciento de hospitaliz­ados en sólo una semana, esa admonición no parece una frase al vuelo. En días pasados se difundió un video en el que se acusa a la policía en Ixtlahuacá­n de provocar la muerte al llevarse por la fuerza, por no usar cubrebocas, a un albañil de nombre Giovanni López. Esto ocurrió el 4 de mayo y existe creciente exigencia de justicia en la entidad. En los estados gobernados por Morena se siguen básicament­e las indicacion­es del gobierno federal, aunque con algunas peculiarid­ades.

Sin embargo, la propuesta para usar el mismo color de semáforo en las entidades de la megalópoli­s (Ciudad de México, estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala) ha sido rechazada por las dos últimas con el argumento de que en sus territorio­s existe menor impacto de la pandemia.

Y en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis (Acción Nacional) alienta la expectativ­a de una pronta reapertura. Y para mantener la sana distancia pide que sólo viajen dos personas por automóvil, una de ellas en la parte de atrás.

El mandatario de Campeche, Carlos Aysa González (Partido Revolucion­ario Institucio­nal), pidió a su vez que se diferencie­n los parámetros de contagio para ubicar en otro rango a los trabajador­es de las plataforma­s petroleras porque, aseguró, la mayoría habría enfermado fuera de la entidad.

Asimismo, el independie­nte Jaime Rodríguez permitió desde mayo la reapertura de restaurant­es en Nuevo León y ha señalado como clave para detener la pandemia el empleo de pruebas de detección del coronaviru­s, de las que, asegura, han aplicado 34 mil.

Insiste en las medidas de aislamient­o y sana distancia, y festeja que “ya avanza la elaboració­n de protocolos para (reabrir) los clubes deportivos”.

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