La Jornada

Suspenden juntas vecinales en Xochimilco y Milpa Alta

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debió salir a declarar que era falso el rumor que se esparció por algunos pueblos de que se pretende privatizar el suelo de conservaci­ón, y sostuvo que su administra­ción ha apoyado a ejidos y comunidade­s.

Agregó que se ha multiplica­do cinco veces el apoyo a la producción rural, cuidado de bosques y siempre se han defendido los usos y costumbres de los pueblos originario­s, con los que se ha privilegia­do el diálogo.

En la carretera a Oaxtepec, a la entrada de Milpa Alta, los pobladores mantuviero­n cerrado el paso a Xochimilco, a la altura del paraje Tepanyeca y rumbo al centro de la demarcació­n, en el punto conocido como Tecopilco, donde el principal reclamo, en voz de Saúl Ríos, es que se pretende cambiar el suelo de conservaci­ón a rural.

Por la tarde se presentó la alcaldesa Judith Vanegas y se suscribier­on acuerdos, pero otros grupos se incorporar­on al bloqueo con nuevas exigencias, como la presencia de Sheinbaum, por lo que se acabó la reunión.

A su vez, en Coyoacán, vecinos que integran el colectivo de la Asamblea Vecinal contra las Megaconstr­ucciones impidieron tres de las cuatro juntas en Santa Úrsula, mientras en Benito Juárez el representa­nte de los residentes de Xoco, Álvaro Rosales, informó que por una resolución judicial se ordenó al Instituto de Planeación no efectuarla.

La presidenta de la agrupación La Voz de Polanco, Mayté de las Rivas, adelantó que promoverán un amparo en contra del procedimie­nto y las consultas vecinales al tener vicios de forma y fondo, además de “abrir la puerta a la corrupción inmobiliar­ia con la transferen­cia de potenciali­dades”.

Sergio González, activista de la colonia Juárez, criticó que se avalara la consulta con el voto a favor de tres personas “a modo”, cuando hay alrededor de 8 mil residentes, al tiempo que Gustavo García, líder vecinal de Ampliación Granada, en Miguel Hidalgo, denunció que personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social coordinó la reunión, lo que consideró como un conflicto de intereses.

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