Milei ordena cerrar entidad que sanciona la discriminación
Trabajadores argentinos del sector salud realizan un paro de labores
En medio del paro de 24 horas de los sindicatos de trabajadores de la salud, después de similar protesta de los trenes antier, el gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), proceso que tiene que pasar ineludiblemente por el Congreso, mientras varios gobernadores de las provincias denunciaron ante la justicia que no aceptarán la decisión del mandatario de no enviar el fondo que les corresponde para educación y el transporte de pasajeros.
En el caso del Inadi, se argumentó que este organismo “no sirve para nada”, pues es una “caja (de recursos) para la política”, como indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reconoció que el cierre no se puede ejecutar ahora, porque “hay trabas burocráticas”, en referencia a una ley aprobada en 1995, tras el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita -Argentina.
Nube de humo: analistas
Varios analistas estimaron que se trata de una nube de humo para encubrir la gravísima situación social y distraer con un nuevo debate la realidad de las ollas vacías ante la suspensión del envío de alimentos a los comedores populares, que son el último recurso para comer al menos una vez al día, ante aumento de la pobreza que alcanza a 60 por ciento de la población y pone a 7 millones de argentinos en la indigencia.
Centenares de personas han regresado a las calles; muchos están buscando alimentos y objetos reutilizables en los contenedores de basura, y otros no pueden pagar los alquileres, incluso en los hoteles donde en un cuarto se hacinan familias completas.
La titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, remarcó que el Inadi fue creado por ley, por lo que se necesita otra nueva para derogarlo. Recordó que hacen este anuncio cuando “están poniendo a 67 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y eliminando mecanismos estatales de apoyo a los más desfavorecidos”.
El Inadi también aporta fundamentos en casos judiciales, casos de “gatillo fácil” contra jóvenes víctimas del racismo, o, como sostienen organismos humanitarios, los perseguidos e incluso asesinados por temas de género, como el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán.
O contra el uso del término “negros de mierda”, que se aplica a miles de trabajadores, y se los agrupa como “peronistas”, como si fuera un insulto, por el que también tienen que sufrir la imposibilidad de acceder a un trabajo o a una escuela. Incluso advierten que los hospitales públicos no deben atender a los provincianos, ni a los migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos, entre otros, que tienen nacionalidad argentina, así como otras enormes comunidades en todo el país.
Los gobiernos derechistas, como el del ex presidente Mauricio Macri y la también entonces y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los perseguían, así como a la fecha acosan a los pueblos originarios del país. El Inadi es un punto de contención para las víctimas del insulto y el discurso hostil, que también alcanza a los jubilados y jubiladas; es decir, a los ancianos en general.
Milei, en tanto, sigue insultando a los diputados llamando “nido de ratas” al Congreso, sin tomarle importancia al hecho de que este año no puedan comenzar las clases en la capital ni en las provincias.
Ante ello, los trabajadores de la educación convocan a un paro el lunes, mientras medio millar de organizaciones sociales comienzan una semana de movilizaciones de protesta y las principales centrales sindicales podrían anunciar un paro general, entre otras medidas de un plan de lucha que persiste.
Inviabilidad en universidades públicas
El Consejo Interuniversitario Nacional, que representa a 71 instituciones públicas, denunció que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las entidades de educación pública universitaria”, pues, advirtieron, no cuentan con fondos para garantizar el normal funcionamiento del sistema de enseñanza superior.