Una franja de abstención
Morena hizo una reforma que comenzó privatizando la conducción de la educación
En ciertos momentos, un proceso electoral viene a ser la continuación de un enfrentamiento de clases, y entonces no importa tanto la o el candidato, sino la posibilidad que se abre de resolver profundas demandas y esperanzas. Las elecciones de 1988 resultaron en una inusitada efervescencia y masiva votación a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero porque tenían como antecedente las importantes movilizaciones, sobre todo en el sector educativo: huelgas nacionales de sindicatos universitarios, de sectores de obreros especializados (industria nuclear) y de la entonces recién creada CNTE que rechazaban que los pobres y trabajadores pagaran la deuda. En 2018, 30 millones de votos hablaron no sólo del atractivo de una figura política, sino de un ánimo nacional, una insurrección masiva contra el poder de partidos y contra una reforma de la derecha y el capital (la de Mexicanos Primero de Claudio X. González).
Durante casi seis años, la resistencia impulsada por la CNTE contribuyó a generar ese ánimo de resistencia y de esperanza de cambio, y la pagaron con muertos, reprimidos y encarcelados. En un contexto como ese, cobraron entonces un sentido muy importante las 10 promesas que López Obrador hizo a profesoras y profesores (ver el video de la reunión de Guelatao el 12/5/2018) en las que anticipaba, entre gritos de entusiasmo del gremio, “nunca más una reforma sin los maestros”.
Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente, y ni de lejos existe en este proceso una cercanía de la candidata Sheinbaum con el magisterio militante y activo. Tal vez porque no tiene mucho que ofrecer, pues sin la participación amplia de las instancias de las y los maestros, el gobierno de Morena hizo una reforma que comenzó privatizando la conducción de la educación, al aliarse con los diputados del PAN y nombrar como titular de la
SEP a un funcionario de Salinas Pliego (el multimillonario dueño de campos de golf y de TV Azteca). Aunque la pretensión era “devolver al Estado la conducción de la educación”, los cambios legales fortalecieron el poder burocrático-gubernamental en la educación básica, excluyeron al sindicato de los procesos de contratación y promoción, crearon un enajenante órgano de evaluación vertical y de subordinación de maestras y maestros (la Usicamm) y dieron amplias facultades administrativas sobre la educación a gobernadores y gobernadoras.
Todo esto vino a cambiar la relación de fuerzas que había conseguido la rebelión de 2018 e hizo que el debate sobre educación se empantanara al nivel de demandas y denuncias, sin la posibilidad de construir, con un gobierno aliado, un proyecto de amplios horizontes. A nivel de educación superior, la hoy vigente reforma significó descalificar a las universidades autónomas, reducir a cero el aumento presupuestal real, sabotear proyectos de autonomía –como en la Universidad Comunal de Oaxaca– o limitarlos severamente, como en la Universidad Pedagógica Nacional, donde para fortalecer a la rectoría y al SNTE se disminuye a la mitad el número de representantes estudiantiles en el Consejo Universitario. Además, a nivel nacional, el derecho a la formación queda a criterio de la burocracia de las instituciones, y la gratuidad en manos del gobierno federal. También, en sustitución del modelo de universidad autónoma y pública –que va en progresivo declive como referente– se creó para los pobres un nuevo sistema universitario (del Bienestar), más barato y directamente sujeto a la SEP, sin autonomía, con autoridades y planes de estudio definidos desde arriba, planteles sin órganos paritarios ni participación académico-estudiantil y sin derechos básicos para académicos y estudiantes. Final y muy significativamente, ahora Morena impulsa como senador al líder máximo del SNTE, Cepeda Salas. Se trata así, de una reforma paradójica, pues busca opciones baratas, modernización privatizadora y autoritaria y restauración de rasgos del corporativismo prehistórico. Ciertamente, no es la mejor manera de enfrentar las altas exigencias de formación sólida y de amplia participación democrática que requiere el futuro de un complejo país.
Si en 1988 y 2018 las elecciones impulsaban la esperanza de traducir a estructuras y cambios importantes el avance en poder logrado por la rebelión, hoy, al menos en educación, sólo servirán para ver qué tanto se acepta la ruta arriba descrita. Difícilmente los maestros votarán por la derecha, pero la pregunta más bien es si votarán por aceptar y continuar con esta reforma en la educación. Y decidir que, más que en las candidatas, vale la pena confiar en los proyectos educativos propios de maestros y estudiantes democráticos y enraizados en las necesidades de educación de personas y comunidades.
PS: ¡Bien! El rector de la UAM-X no seguirá pidiendo que las y los estudiantes informen qué color de piel tienen. ¿Y por qué sigue esa exigencia en el resto de la UAM?
Para Alma y Félix