Insta magistrada Otálora a garantizar los derechos políticos de grupos vulnerables
Las leyes y tratados internacionales suscritos por México en los que se reconoce que todas las personas deben gozar de los mismos derechos, “han sido insuficientes” para lograr una democracia “incluyente de calidad”, ya que integrantes de los grupos históricamente discriminados siguen encontrando obstáculos para ejercer plenamente sus garantías políticas y electorales, aseguró Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Indicó que dicha situación se debe “a las resistencias de actores que desde posiciones privilegiadas invisibilizan las necesidades de quienes están en una situación de vulnerabilidad y les impiden acceder a los espacios políticos que les pertenecen”.
Apuntó que desde enero de 2023 a la fecha la Defensoría Pública Electoral ha atendido a cerca de 4 mil personas.
En la conferencia magistral “El acceso a la justicia para poblaciones históricamente discriminadas”, que impartió en la Jornada por la Defensa de los Derechos PolíticoElectorales, Otálora enfatizó que estas garantías no pueden depender de las prioridades que establezcan las agendas de quienes ostentan el poder político.
“Por el contrario, estos derechos político-electorales son irrevocables y deben ser efectivos, independientemente de la conformación de las fuerzas políticas en nuestro país.”
Señaló que algunos de los desafíos que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad, como integrantes de comunidades indígenas, para acceder a la justicia electoral son carecer de los recursos necesarios para contratar a un abogado y la imposibilidad de comunicar sus exigencias debido a diferencias culturales o lingüísticas.
Por su parte, al inaugurar la jornada, la magistrada presidenta de la sala superior, Mónica Soto, destacó que el actual proceso electoral será el más paritario e inclusivo en la historia del país, pero también el más atendido por las defensorías públicas electorales del TEPJF. “Queremos que nadie se quede sin tener una defensa de sus derechos políticos electorales, que no haya un motivo ni de territorio, ni de lejanía, ni de discriminación”, dijo.