En manos del Ejecutivo, modificaciones a la Ley de Amparo
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Poder Ejecutivo las reformas a la Ley de Amparo, que impedirá a jueces y magistrados dictar suspensiones con efectos generales en procesos contra la constitucionalidad de normas y acotar a que las resoluciones sean sólo válidas para los quejosos.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), anticipó que su bancada presentará una iniciativa para que la Cámara de Diputados o la de Senadores “con el voto de sus dos terceras partes pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de una ley”.
Además, para que haya una “consulta anticipada” a la Corte “antes de emitir un dictamen”.
El efecto que tendrá la reforma para impedir el otorgamiento de suspensiones generales a leyes aprobadas por el Congreso o para frenar las obras del gobierno federal, derivó en un debate de más de siete horas, en el que abundaron las descalificaciones e insultos entre Morena y el bloque opositor.
Al explicar el dictamen, Adriana Bustamante (Morena) argumentó que la reforma busca evitar que el Poder Judicial ejerza un “uso arbitrario” del amparo para favorecer “los intereses de la derecha”.
En respuesta, los diputados de oposición explicaron su voto en contra de una reforma que significa un “retroceso” respecto de las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, y porque representa “un acto de venganza” del Ejecutivo federal por todas las iniciativas que la Corte le ha echado abajo.
Asimismo, enfatizaron que, al impedir efectos generales de un amparo, y sólo los tenga para el particular que lo interponga, se deja fuera de esa protección legal a los ciudadanos más pobres, quienes no pueden costear a un abogado que los ayude a llevar el proceso.
En ese marco, Sue Ellen Bernal (PRI) afirmó que los legisladores morenistas y sus aliados “quieren un Estado totalitario” y presentan este tipo de iniciativas “para consolidar la dictadura que se concibe en cada momento y en cada acto del partido en el gobierno. Es una medida regresiva y temeraria, característica de la 4T”.
En defensa del proyecto, los diputados del bloque mayoritario aseguraron que los cambios buscan acotar al Poder Judicial, para que “deje de extralimitarse en sus funciones” y frenar la “discrecionalidad” con la que actúan algunos jueces, a quienes acusó de querer invadir las atribuciones del Poder Legislativo.
Lilia Aguilar (PT) destacó que “solamente 2 por ciento (de la población) confía en el Poder Judicial de este país porque ustedes (los opositores) lo cooptaron, porque solamente la Corte respondió a ustedes, porque los ministros sólo les respondían a ustedes”.
Algunos de los momentos más ríspidos de la discusión ocurrieron cuando subió a la tribuna la legisladora panista Margarita Zavala, quien acusó a los diputados de Morena de “hipócritas”.
Argumentan que están en favor de los más pobres y al mismo tiempo los obligarán a contratar abogados si quieren acceder al recurso del amparo, sostuvo.
En la tribuna, Hamlet García Almaguer (Morena) aclaró que el juicio de amparo no desaparece. “No se dejen engañar por esta banda de buitres. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. Lo que cambia es cómo se concede la suspensión”, precisó.
Desde las curules panistas, María Teresa Castell imitó un graznido y, desde el otro lado del salón, le devolvieron: “¡cállate, chachalaca!” “¡Urraca!”
Ninguna de las 86 reservas presentadas por diputados de las diferentes bancadas fue aceptada y, tras la disputa, la reforma fue aprobada con 258 votos en favor y 213 en contra.