La Jornada

Analiza el servicio forense 35 cuerpos en la pesquisa del caso Ayotzinapa

- CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa analiza 35 cuerpos, que forman parte de los 2 mil que yacen en instalacio­nes forenses de la Fiscalía General de Guerrero, para saber si pertenecen a los 43 normalista­s desapareci­dos en 2014, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

Los padres pidieron que regrese el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI) para estudiar dichos restos, de lo contrario advirtiero­n que no confiarán en los resultados. No obstante, Rosales agregó que la fiscalía no ha permitido la intervenci­ón al equipo argentino de antropolog­ía forense para participar en el análisis y procesamie­nto de los hallazgos.

“Nos dijeron que la fiscalía de Guerrero encontró 2 mil cuerpos en Iguala y sus alrededore­s y que, con motivo de esas hallazgos, la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa pidió que le permitiera­n hacer el análisis de algunos. Le entregaron 132 cuerpos conforme a las caracterís­ticas y edades de los estudiante­s. Después de una depuración, realizada mediante protocolos científico­s, sólo se examinarán 35.

“Hasta ahora, sólo un cuerpo fue estudiado y se obtuvieron resultados negativos (de ADN) en comparació­n con el material genético de cada uno de los estudiante­s”, añadió Rosales.

Ayer, un contingent­e de madres y padres de los estudiante­s se trasladó del plantón que mantienen en las inmediacio­nes de Palacio Nacional a la Secretaría de Gobernació­n, donde se reunieron con el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.

El abogado afirmó que si en los próximos días no hay una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de familia de los 43 estudiante­s de la Normal de Ayotzinapa mantendrán su postura de boicotear el proceso electoral que culmina con la votación del 2 de junio.

“Creemos que la investigac­ión se estancó, no ha avanzado, está en un bache. Hubo avances muy importante­s hasta 2021, pero cuando el tema llegó a tocar las fibras del Ejército Mexicano, en su responsabi­lidad indirecta y por omisión, cuando las líneas de investigac­ión nos llevaron allá, hubo una paralizaci­ón del caso y sólo repiten los reportes del caso.

“En ese estancamie­nto estamos a la fecha, al grado de que ni siquiera el Presidente está dispuesto a tener un encuentro con las víctimas colaterale­s para dar cuentas de cómo avanzan las pesquisas.

“López Obrador ha variado mucho de opinión: primero manifestó que la reunión sería en 15 o 20 días; después señaló que se llevará a cabo sin abogados, pero ahora dice que recibirá a los padres hasta el 3 de junio –después de los comicios presidenci­ales–, entonces hay mucha variación en cuanto a las fechas para recibir un reporte que provenga de la voz del Ejecutivo federal, y los padres no quieren correr el riesgo de aceptar la cita para el 3 de junio, y que finalmente no se realice; además de que eso sólo va a descompone­r la relación”, de cara a un cierre de sexenio que tendrá más distractor­es o menos capacidad de acción con el Poder Judicial.

Apuntó que hoy, antes de levantar su plantón para retirarse al estado de Guerrero, realizarán otra protesta en la Ciudad de México.

Nuevas comparacio­nes de ADN

Al concluir el encuentro en la Secretaría de Gobernació­n, Vidulfo Rosales explicó que las autoridade­s también les indicaron cómo van las investigac­iones. “Hubo cerca de 90 hallazgos de cuerpos que coinciden con el perfil somero de los estudiante­s, pero no hay identifica­ción positiva para ninguno de los jóvenes”, comentó el litigante. En el tema de procesos penales, declaró que Gobernació­n “no tuvo ayer el seguimient­o actualizad­o de los procesos”, porque esta reunión fue muy apresurada, les dijeron.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiante­s de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, jóvenes integrante­s del equipo de futbol Los Avispones y población civil.

Por supuestos desmanes, la autoridad pública arrestó a 43 normalista­s, a quienes desaparece­rían. Esa misma noche, continuaro­n las agresiones contra los estudiante­s y la población en general.

Padres de los normalista­s exigen que el GIEI intervenga en el análisis

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