Candidaturas indígenas, el cochinero
Botón de muestra del anecdotario del horror del proceso electoral en curso, Perfecto Rubio Heredia es conocido en la grilla oaxaqueña como el hombre de las tres mentiras: no es perfecto, tampoco rubio y el clan de los Heredia no lo reconoce como uno de los suyos. Pero ahora, Rubio deberá añadir un embuste más a los tres anteriores: quieren hacerlo pasar como afromexicano en una candidatura suplente a diputado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Semejante trampa no extraña. Las triquiñuelas en las candidaturas de acción afirmativa indígena alcanzan niveles inauditos. De la noche a la mañana, los políticos profesionales descubrieron que son indios. Gracias a la magia de las cuotas legislativas de base étnica, hemos pasado de la blanquitud a la indianización de la política electoral. La gloriosa raza de bronce ha renacido al calor de la disputa por las curules. Pronto, una nueva estrofa se incluirá en el Himno Nacional: “piensa ¡Oh, patria querida! que el cielo / un indio en cada diputado te dio”. Aunque sus ombligos hayan sido depositados bajo toneladas de concreto urbano, ahora inventan que fue sembrado en las fértiles tierras de una comunidad originaria.
La lista de usurpadores de identidades para conseguir hueso, que amparados en la “acción afirmativa indígena” se benefician de la lucha colectiva de los pueblos, es monumental. No importa que en la realidad sean parte de comunidad originaria alguna, ni que no luchen por su agenda política, ni que no hayan vivido en poblaciones originarias o afromexicanas. Igual, fingen ser sus dirigentes.
¿Cómo, de la noche a la mañana, estos impostores consiguen el milagro de obtener constancias de autoadscripción calificada? Fraudulentamente. Corrompiendo a autoridades comunitarias. Con la frecuente complicidad o indolencia de los tribunales electorales.
Los ejemplos son múltiples. Mijane Jiménez, representante del pueblo afromexicano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, denuncia la usurpación del contador Mario Moreno de los Arcos, del blanquiazul, y la de Yesenia Galarza, del mismo partido.
Según Mijane, “la representación en temas de acciones afirmativas tendrían que ser parte de los derechos colectivos de un pueblo afromexicano. No nada más es cómo te veas. La identidad no se cuestiona; sin embargo, cuando vas a beneficiarte de una lucha colectiva, en Guerrero planteamos la autogestión calificada, que es generar un vínculo comunitario con la comunidad”.
En Chetumal, Quintana Roo, fue cuestionada la candidata por cuota indígena a senadora por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Anahí González Hernández. Ella justificó ser indígena, con una constancia emitida por un sacerdote maya de X-Yatl, Felipe Carrillo Puerto. Asegura pertenecer a la comunidad de San Juan de Dios, Tulum. Ni en sus redes sociales ni en su curriculum vitae se había identificado antes como maya.
El sacerdote que la avala dice que
Anahí es “integrante activa, conocedora de los usos y costumbres, así como de la lengua y cultura maya”, además de sus visitas a la comunidad como diputada local, para entregar apoyos. César Uuh Chi, quien la impugnó, argumenta que “la manera de estar vinculados con la comunidad es a través de trabajos comunitarios, no por realizar visitas a comunidades”. La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) advierte que el Gran Consejo Maya no está integrado sólo por dos personas y para realizar un nombramiento se necesita el consenso de los cinco centros ceremoniales, lo que no sucedió en este caso.
En Chiapas, como documentó Ernesto Ledesma, no cantan mal las rancheras. Eduardo Ramírez, el candidato a gobernador del estado por la alianza gobernante, impuso como aspirante a diputada federal por cuota indígena a la señora Rosario del Carmen Moreno Villatoro, a la que llaman Carmelita. Cuñada del hermano del Jaguar Negro, se hace pasar como integrante de un pueblo originario, aunque obviamente no lo es. Ante los cuestionamientos e impugnaciones de las comunidades de Las Margaritas, decidió cambiar su look y comenzó a usar huipiles y a ofrecerle dinero a las autoridades tojolabales que se oponen a su nombramiento.
De acuerdo con Ana Isabel León Trueba (https://shorturl.at/wDGRZ), de los 12 partidos políticos que contendrán en las elecciones morelenses, ocho inician su lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional con dirigentes que se autoadscriben como indígenas o afrodescendientes, y tres más colocan en segundo lugar a aspirantes de estas identidades. En su mayoría, han sido dirigentes estatales de sus partidos, ocupado diputaciones locales o han sido alcaldes. ¡El milagro de la transmutación de los políticos profesionales en indios hecho realidad!
La Red Nacional de Abogadas Indígenas denunció que en Puebla, la panista Genoveva Huerta Villegas y los priístas Nadia Navarro Acevedo y Néstor Camarillo Medina utilizaron la acción afirmativa indígena para obtener candidaturas a diputaciones federales y al Senado. Su coordinadora, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, explicó: “Ninguno de estos políticos, ahora nuevamente candidatos, tuvieron en el pasado una agenda de pueblos indígenas como tampoco la tienen ahora. Nunca impulsaron la defensa de los derechos colectivos de los pueblos. Y ahora, con una candidatura indebida, reclaman para sí derechos que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas. Eso es racismo”.
El cochinero es compartido por todos los institutos políticos. Ninguno se escapa. Proviene de un hecho básico: el monopolio de la representación política por parte de los partidos, que impide a pueblos originarios y afromexicanos contar con representación política directa al margen de los partidos con registro, excepto donde se eligen autoridades municipales por usos y costumbres. Aunque formalmente se reconozca en la Constitución su derecho a la libre determinación y la autonomía, en este tópico (como en el del derecho al territorio) se impide su ejercicio.
Twitter: @lhan55