Con 2 mil personas sale nueva caravana de Chiapas
de Guanajuato informó que contactó con 6 de las 7 las familias de migrantes fallecidos abandonados en un tráiler en Texas, para brindarles apoyo.
jorge.butron@razon.com.mx
UNA NUEVA caravana migrante salió la mañana de ayer desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte del país, con la demanda de solicitar agilización de sus solicitudes de regularización para seguir avanzando hacia Estados Unidos.
El éxodo partió a las 04:00 horas del Parque Bicentenario, y se presume que van aproximadamente dos mil indocumentados que buscan llegar a Huixtla, a unos 40 kilómetros de distancia.
El contingente, en el que sobresalen 400 mujeres embarazadas y menores de edad, logró pasar el retén migratorio de Viva México, en la localidad de Álvaro Obregón, uno de los que más se dificulta por la presencia de la Guardia Nacional.
Previo a su salida, los migrantes exigieron autobuses para avanzar al norte del país, ya que desean evitar incidentes como el ocurrido el lunes pasado en Texas, Estados Unidos, incluso, dijeron que están dispuestos a cooperar para pagar la gasolina de los vehículos.
En este tenor, el director del
embarazadas y niños integran la caravana
Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán denunció a La Razón que hay un grupo de abogados que buscan aprovechar la situación para acercarse con el Instituto Nacional de Migración (INM) y solicitar las Formas Múltiples y hacer entrega a las personas con costos de hasta 30 mil pesos.
“En la mañana que salieron iban los abogados con ellos, con sus sobres amarillos con documentos, puesto que esperan que avancen y se alejen de Tapachula para hacer entrega de los documentos legales y cobrarles 30 mil pesos por cada uno. Lo que hacen es que se alejan para que el Órgano de Control Interno del INM no los revise y hagan su negocio”, explicó.
El activista dijo que el INM debe revisar a quién se le da los documentos, ya que no son entregados directamente a los migrantes, lo que genera un negocio de miles de pesos para los abogados.
Hasta el cierre de esta edición los migrantes habían llegado a Huehuetán, donde esperan entablar un diálogo con las autoridades del INM para comenzar su regularización, como se ha hecho en otros éxodos.
Rocío Corona, del PVEM, propuso castigar con penas de ocho a 16 años de cárcel y multas de hasta cinco mil días de salario mínimo vigente, a quien modifique vehículos para transportar migrantes en territorio nacional. La legisladora planteó reformar la Ley de Migración para tipificar esta acción e imponer penas más severas para los responsables. De acuerdo con datos de la legisladora, entre 2011 y 2021 al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en el país, además de que los traficantes obtienen ganancias cercanas a los siete mil millones de dólares anuales por el traslado de personas. Detalló que bandas del crimen organizado que se dedican al tráfico de migrantes pueden cobrar en promedio siete mil dólares por cada persona, sin importar la edad, para llevarla hasta la frontera o sólo cruzarla a Estados Unidos. Por separado, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, llamó al Gobierno federal, a reconsiderar los recortes presupuestarios al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ante la crisis migratoria que vive el país.