La Razón de México

El Supremo se muestra escéptico con la inhabilita­ción de Trump

El Alto Tribunal empieza a deliberar sobre la retirada de la candidatur­a del expresiden­te en el Estado de Colorado

- Anderson Simanca. WASHINGTON

Norma Anderson estaba viendo las noticias desde su casa en Colorado cuando las imágenes de una turba que intentaba entrar al Congreso llamaron su atención. «Están tratando de derrocar al Gobierno», pensó mientras veía suceder ante sus ojos el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Anderson tiene 91 años y es republican­a. No es una persona ajena a la política. Fue la primera mujer en liderar la Cámara de Representa­ntes de Colorado y luego el Senado estatal. También es una de los seis artífices de la demanda que busca dejar fuera del tarjetón electoral de 2024 en ese Estado a Donald Trump, acusándole por su presunto rol de incitador en aquella «insurrecci­ón». «Por muy vieja que sea, nací durante la Gran Depresión, viví la Segunda Guerra Mundial y recuerdo a Hitler», ha dicho Anderson a los medios en el pasado. Para ella participar en la querella es una manera de proteger la democracia.

Hoy, en Washington, esa tarea ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia que escuchó los argumentos orales de los demandante­s, pero también de la defensa del expresiden­te y principal candidato a la nominación republican­a por la Casa Blanca. Fueron poco más de dos horas de debate y preguntas de los jueces. Al final de los incisivos cuestionam­ientos, todos los magistrado­s –liberales y conservado­res– parecían insinuar su escepticis­mo ante los esfuerzos para sacar a Trump de la papeleta electoral por el ataque al Capitolio.

Los nueve magistrado­s del Supremo estudian el caso después de que, en una instancia menor, la Corte Suprema de Colorado determinó que Trump «participó en una insurrecci­ón» y no es elegible para ser presidente de EE UU. Por este motivo, y acogiéndos­e a la 14ª Enmienda de la Carta Magna, ese máximo tribunal estatal dictaminó que Trump no debería estar en la papeleta electoral para las primarias republican­as del Estado el 5 de marzo.

El caso es relevante porque, si se confirma la decisión de los magistrado­s de Colorado, equivaldrí­a a una declaració­n de la Corte Suprema de que Trump participó en una insurrecci­ón y que la 14ª Enmienda le prohíbe volver a ocupar el cargo. Eso permitiría a Estados como Colorado, Maine y otros mantenerlo fuera de las urnas y poner en peligro su campaña.

El Supremo ha señalado tras la diligencia que se llevó a cabo mientras fuera del recinto se concentrab­an seguidores del expresiden­te, que intentará actuar con rapidez, acortandod­rásticamen­teelperíod­o en el que recibe informes escritos y presenta argumentos en la sala del tribunal. Aunque esta Corte de mayoríacon­servadorai­ncluyeatre­sde los propios nominados de Trump, regularmen­te los magistrado­s han fallado en contra del expresiden­te. Unmomentoq­uellamólaa­tención durante la televisada diligencia judicial que muchos en Washington veían con café en la mano fue el cruce entre la jueza Ketanji Brown Jackson –de corte liberal– y el abogado del expresiden­te de EE UU, Jonathan Mitchell.

«Para que haya una insurrecci­ón tiene que haber un esfuerzo organizado para derrocar al Gobierno», dijo Mitchell. Luego, la jueza replicó: «Entonces, ¿un intento caótico para derrocar al Gobierno no es una insurrecci­ón?». En respuesta, el abogado sentenció que lo del 6 de enero «fue un motín. No fue una insurrecci­ón».

Durante gran parte de la argumentac­ión se vio a un Supremo indagando, sobre todo en asuntos preliminar­es que condenaría­n los diversos desafíos de una decisión política como sacar a Trump de la carrera a la Casa Blanca.

Hay quienes creen que, como en el caso del aborto, el Supremo podría optar más bien porque los Estados decidan. Hasta ahora, sin embargo, ese es sólo uno de los muchos análisis. Varios jueces parecieron simpatizar con el argumento de Trump de que los Estados no tienen autoridad para descalific­ar a los candidatos, mientras que algunos también cuestionar­on si la cláusula se aplica a la presidenci­a. «¿Qué está haciendo un Estado decidiendo por quién pueden votar otros ciudadanos para presidente?», dijo la jueza Elena Kagan. Por lo pronto, hasta que la Corte Suprema tome su decisión, el nombre de Trump permanecer­á en las papeletas, incluso en los dos Estados donde fue descalific­ado. El magnate, que no tiene competenci­a seria para ganar la nominación de su partido, no acudió a la diligencia en Washington, pero se defendió desde Florida. «Si analizan mi discurso y mis tuits, deben observar que mi mensaje era de amor», dijo el exmandatar­io negando cualquier argumento de que alentó a sus seguidores a la violencia.

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AP Manifestan­tes frente a las puertas del Tribunal Supremo, ayer

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