VOTO EN PENALES
No sólo el Presidente le dice NO al INE, también lo hacen algunos gobiernos estatales que, por alguna extraña razón, no quieren que el árbitro electoral entre a sus penales para organizar la elección entre las personas en prisión preventiva.
Hace un año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.
Con este mandato, en diciembre de 2023, el INE aprobó los lineamientos para llevar a cabo la votación anticipada de las personas en prisión preventiva y determinó el periodo del 6 al 20 de mayo próximo, para realizar este ejercicio y garantizar este derecho político en 218 centros penitenciarios del país.
Según los datos duros, actualmente 59 mil 548 personas en prisión preventiva sí podrían votar pues se encuentran en el padrón electoral. Nada despreciable esos casi 60 mil sufragios.
Lo que avaló el INE fue muy claro y establecía que las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública, federales y locales deberían proporcionar, con corte al 31 de diciembre de 2023, una base de datos de las personas recluidas sin sentencia condenatoria, a la cual se realizaría una primera verificación de situación registral para identificar aquellos casos no inscritos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores.
Hasta ahí todo bien, el problema es que, a cuatro meses de la elección, los Gobiernos se están haciendo como que la virgen les habla.
Y es que sólo 23 de las 32 entidades han firmado los convenios para colaborar con el INE y organizar el proceso. Y esto es un eufemismo, porque hay entidades que de plano le han dicho NO, al árbitro electoral ¿por qué? Porque dicen que “no es viable” organizar una elección en sus penales.
Los casos más radicales son Veracruz y Yucatán, que según dicen las y los consejeros electorales, simplemente han dicho que NO al INE.
En tanto que Coahuila, Zacatecas y Jalisco no han respondido a los requerimientos de la autoridad electoral respecto al número de personas en prisión preventiva que participarán en el ejercicio programado en el marco de la elección presidencial del 2 de junio.
En Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, dijeron que sí, pero no se ha hecho nada, pues el avance de los trabajos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de personas en prisión preventiva es nulo.
¿Qué esconden detrás de las puertas de las aduanas de los penales? ¿Qué es lo que no quieren que salga a la luz los gobiernos estatales? Por lo pronto en el INE ya se habla hasta de acciones legales para obligar a que las administraciones firmen el convenio y abran las puertas de los centros penitenciarios. Esto apenas empieza.
En el baúl. ¿La aspirante presidencial del oficialismo sabía del paquete de reformas anunciado por el Ejecutivo hace ocho días? Me dicen que no, fuentes confiables y cercanas a Palacio Nacional, me cuentan que el anuncio cayó como bomba en el cuarto de guerra de la candidata pues, efectivamente, fue como ponerle una camisa de fuerza y ordenarle que se tiene que ceñir a esas directrices si llega a sentarse en la silla Presidencial. Dicen que no se quieren reelegir, pero en los hechos es lo que está sucediendo.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!