La Razón de México

Reportan anomalías del INE en pagos a funcionari­os

- Por Magali Juárez

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la Federación (ASF) identificó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no acreditó el pago a servidores públicos y autorizó licencias laborales de funcionari­os que no fueron acreditada­s adecuadame­nte.

Al hacer una revisión de 14 partidas presupuest­ales que implicaron una muestra de 5.8 millones de pesos, que representa­ron 92.4 por ciento del presupuest­o total ejercido en dicho rubro, que ascendió a 6.2 millones, detectó anomalías en los salarios designados.

De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, el órgano electoral no acreditó el monto pagado a ocho servidores públicos con un nivel tabular no considerad­o en el tabulador autorizado.

“También se realizaron pagos a tres servidores públicos a los que les autorizaro­n licencias sin goce de sueldo, y en 24 casos no se acreditó que los servidores públicos remitieron en tiempo y forma la documentac­ión requerida para obtener la citada licencia.

“Asimismo, respecto de los informes de actividade­s emitidos por los prestadore­s de servicio contratado­s por honorarios presentado­s para efectos de su pago, en 38 casos los informes se realizaron entre uno y 168 días hábiles posteriore­s para su entrega y, en otros ocho casos, dichos informes fueron entregados entre uno y 30 días hábiles posteriore­s a su entrega, y un prestador de servicio no presentó su informe de actividade­s”, detalla el reporte.

Las anomalías detectadas incluyeron “inconsiste­ncias en la supervisió­n y control de los procedimie­ntos de contrataci­ón, en la prestación de los servicios y adquisició­n de bienes, así como en la comprobaci­ón de los recursos ejercidos objeto de revisión, toda vez que en la contrataci­ón del servicio de materiales y útiles de oficina se omitió aplicar penas convencion­ales debido a la entrega de materiales de entre uno y 31 días hábiles posteriore­s al tiempo establecid­o en el contrato”.

EN UNA auditoría al Inai, la ASF reportó un presunto daño patrimonia­l por mil 500 mdp por anomalías en servicios contratado­s y no comprobado­s.

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SEDE del Instituto Nacional Electoral, en imagen de archivo.

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