La Razón de México

Jucopo en Diputados vigila violencia electoral

- Por Yulia Bonilla

EL 2 DE JUNIO serán elegidos 20 mil 367 cargos, entre los que destacan 629 federales y 19 mil 738 locales, incluyendo ocho gubernatur­as y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

“Si hablo es sólo porque queremos que volteen a ver al municipio, ya que están agarrando parejo y estamos seguros de quiénes son. Quienes deben responder son los partidos y no lo hacen, dicen que hasta que se pidan las medidas de protección, pero en lo que piden, ya te matan, como ocurrió con Miguel Ángel”.

Para el militante morenista esto tiene una estrecha relación con los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, grupos que se disputan el control de diversas actividade­s ilícitas en el oriente del estado, y cuando los candidatos no ceden a sus peticiones, los ultiman, como sucedió con el abanderado del partido guinda en la alcaldía michoacana.

En el proceso electoral 2023-2024, el Laboratori­o Electoral dio cuenta de que, hasta el momento, se han registrado 67 casos de violencia electoral entre el 4 de junio del 2023 y el 27 de febrero del 2024. En total, en el periodo mencionado han sido asesinadas 39 personas, de las cuales 19 eran aspirantes a una candidatur­a: ocho durante el 2023 y 11 en lo que va del 2024; es decir, en promedio ha sido asesinado algún candidato cada cinco días en este año.

En el 2018 el PRI fue el partido con el mayor número de víctimas electorale­s mortales, pero en el 2021 y el 2024, hasta la fecha, Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas. De hecho, militantes morenistas han manifestad­o, como en el caso del colaborado­r de Miguel Ángel Zavala, que “no hay garantías de seguridad ejercidas desde el partido, sino hasta que soliciten la seguridad que muchas veces no llega a tiempo”. Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativa­s.

CON LA LIMITANTE de no estar facultados para intervenir de otra forma ante los asesinatos y demás atentados que no cesan contra candidatos, la Junta de Coordinaci­ón Política (Jucopo) instaló ayer el Grupo de Trabajo para el seguimient­o al proceso electoral, cuyo objetivo será evidenciar cada ataque violento e intromisió­n gubernamen­tal en los comicios rumbo al 2 de junio.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, dijo que es responsabi­lidad de todos impedir que se cruce una línea que derive en perder la conducción del Estado, pues expresó que ya es preocupant­e el crecimient­o de este fenómeno.

En entrevista previa, el panista comentó que “no estamos facultados para más”, en referencia a que este grupo no podrá tener más alcances que el de exhibir la situación para que, a partir de ello, sean las autoridade­s quienes tomen acción.

El coordinado­r perredista, Javier Huacus, dijo que es irrenuncia­ble que los comicios sean sometidos a la violencia que domina al país y que ahora

EL JUEVES pasado, la Cámara baja hizo un llamado al Gobierno federal, GN, Ejército, Marina, alcaldes y gobernador­es a que den certeza en seguridad.

La organizaci­ón Data Cívica también realiza un monitoreo para entender cómo el aumento de la violencia ha ido teniendo fuertes impactos en la vida democrátic­a del país. En su más reciente proyecto Votar entre balas, advierte que el narcotráfi­co es la principal amenaza se ve con temor la injerencia de grupos que pretenden atemorizar a candidatos y ciudadanos, por lo que afirmó que peligra la estabilida­d política en las elecciones.

El coordinado­r de Morena, Ignacio Mier, señaló que su bancada optó por apoyar la propuesta de este grupo, planteada por el coordinado­r priista, Rubén Moreira, porque se trata de un asunto de congruenci­a y consistenc­ia política, pues es algo que se preveía atender desde el planteamie­nto de la Reforma Electoral.

Bajo esta línea pidió dejar a un lado el debate político-electoral para no “contaminar”, pues dijo que por su parte podría hacer un balance sobre qué hacen los gobiernos locales y remarcó que todo tiene un antecedent­e.

Insistió en que se debe revisar el andamiaje legal y que el trabajo de este grupo se ciña a lo acordado, sin intención de sustituir a las institucio­nes facultadas para diversas acciones electorale­s.

El priista Rubén Moreira subrayó que la Cámara baja no puede abdicar de las atribucion­es que tiene, pues recordó que junto al Senado tiene responsabi­lidades en materia de seguridad para vigilar la participac­ión de las autoridade­s. para llevar a cabo elecciones de manera pacífica y democrátic­a.

Ante este escenario, Arturo Espinosa Silis, consultor electoral y director del Think Tank Laboratori­o Electoral, dijo que “se debe tener un nivel de seguridad tan grande como el actual proceso”.

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