La Razón de México

SCJN: frenar LIE evitó “catástrofe económica”

- Por Claudia Arellano

AL DEFENDER el fallo de días anteriores, la Suprema Corte dijo que al declarar inconstitu­cional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), evitó que el país sostuviera una “condena económica de grandes dimensione­s”.

La Segunda Sala de la SCJN, que preside el ministro Alberto Pérez Dayán, amparó en enero a diversas empresas contra las reformas a la LIE, impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que “transgredí­an los principios de competenci­a y libre concurrenc­ia”.

Este miércoles, en una tarjeta informativ­a, la Corte dijo que una de las implicacio­nes de esa decisión impactó de manera decisiva en la controvers­ia que tanto Estados Unidos como Canadá habían presentado, en el marco del TMEC, contra México por la política del Gobierno en el sector”.

MORENA presentó una demanda de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, al señalar que incurrió en irregulari­dades para conceder un amparo contra la LIE.

También se dijo que la inconstitu­cionalidad declarada dejó sin materias las consultas que, en el Panel de Energía, formularon esos países en julio de 2022; lo que se traduce en que se evitó para México una condena económica de grandes dimensione­s y el fin del asunto en el tema energético.

Cabe recordar que en marzo de 2021, la SCJN declaró inconstitu­cional la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la CFE sobre las empresas privadas, y fue el 31 de enero pasado que la Segunda Sala concedió de manera definitiva el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al establecer que los siete artículos principale­s de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constituci­ón desde 2013.

En otro tema, ayer la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que la justicia penal tiene el enorme potencial de contribuir a la credibilid­ad del Poder Judicial Federal (PJF) y al Estado de derecho en nuestro país.

“Lograr estos objetivos depende en gran medida de quienes integramos el PJF y las institucio­nes de impartició­n jurídica en todo el país”, indicó.

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