La Razón de México

QRoo, líder en captación de turismo de cruceros

- Redacción

Es una gran noticia para las inversione­s en México y para que se puedan exportar productos mexicanos a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos había comenzado una controvers­ia el 20 de julio de 2022, en la que se especifica­ba que había violacione­s a cuatro capítulos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Lo advertían desde la Oficina del Representa­nte Comercial de EU, hasta los funcionari­os de USTR, que denunciaro­n como violatoria del acuerdo comercial regional la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2019 para ampliar hasta el año 2025 el plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel comercial (de 500 a 15 partes por millón).

Pero el que quede sin efecto esta controvers­ia comercial con Estados Unidos no es un logro del Gobierno federal, sino que el pasado 31 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde 2021 promovía.

El máximo tribunal le dio la razón al amparo interpuest­o por seis empresas luego del voto de desempate que dio el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual hizo con su voto de calidad como presidente de la Sala, aplicando el artículo 56 de la Ley de Amparo, que lo permite cuando se aprueba la excusa manifestad­a por un ministro.

Al ministro Pérez Dayán, desde ese momento, lo empezaron a atacar e incluso, trataron de hacerle un juicio político por esta resolución.

Sin este amparo, hoy no hubiera podido salir la secretaria Buenrostro a darnos la noticia de que esta controvers­ia con Estados Unidos estaba resuelta.

Cuando la Suprema Corte de Justicia no permitió que se aprobara la Reforma Energética que se había propuesto, provocó que los diputados federales de Morena, encabezado­s por la vicecoordi­nadora parlamenta­ria, Aleida Alavez Ruiz, buscaran un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, a quien acusan de ejercer de forma indebida sus facultades y de contribuir a una violación a la Ley Federal de Responsabi­lidades de los Servidores Públicos.

Argumentan que el ministro, en su calidad de presidente de la Segunda Sala, debió abstenerse de emitir un voto y, en su lugar, buscar una solución alternativ­a para el desempate, como incorporar a otro ministro o llevar el asunto al pleno de la Corte.

Lo que estos diputados no están entendiend­o, es que esta reforma es violatoria a los acuerdos comerciale­s, que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y que si se llega a romper este acuerdo sería muy dañino para las inversione­s y exportacio­nes de México, que dejan muchísimos millones de dólares al país.

Si la decisión del ministro Pérez Dayán no se hubiera dado en la Suprema Corte, los efectos de la nueva política energética también hubieran tenido consecuenc­ias graves para nuestro país.

De entrada, según el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad (Imco), costaría a los mexicanos más de 500 mil millones de pesos, consideran­do las inversione­s privadas vigentes en proyectos de generación de energías limpias y la renovación de las plantas de la CFE.

Mientras que la Asociación de Empresario­s Mexicanos en Estados Unidos indicó que con esa Reforma Eléctrica se viola el T-MEC, en los Capítulos 14 y 32, al no dar un trato equitativo a los participan­tes privados, nacionales e internacio­nales, en el mercado eléctrico.

Además, el Imco advertía que se estaba enviando un mensaje de incertidum­bre jurídica que no sólo se limitaría a las inversione­s directamen­te afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional, como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho.

Al desincenti­var la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.

Por favorecer a la CFE habría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincenti­var las posibilida­des de inversión privada en energías renovables.

Además, eliminaría los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisió­n y distribuci­ón eléctrica (asociacion­es público-privadas o instrument­os financiero­s como los CKD, Cerpi o

Fibra E), obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestru­ctura de redes.

Los datos del Imco indican que con la Reforma Eléctrica se podría perder la oportunida­d para que México se consolide como una alternativ­a de inversión en el contexto de las tensiones comerciale­s entre Estados Unidos y China.

Reportes de la Secretaría de Energía (Sener) indican que la participac­ión privada en el sistema eléctrico incluye al menos a 255 empresas de autoabaste­cimiento, pequeña producción, exportació­n e importació­n y actualment­e se cuenta con mil 407 permisos de generación vigentes.

Esta nueva reforma energética planteaba la desaparici­ón de los órganos reguladore­s como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarbu­ros (CNH), así como la integració­n del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la empresa del Estado.

Es una buena noticia, sobre todo que siga abierta la posibilida­d para que México pueda trabajar con otras energías más limpias, que contaminen menos y que sean más económicas.

Todo parece ser que el principal beneficio de esta reforma energética es fortalecer a la empresa estatal CFE, pero a los que hay que apoyar es a los consumidor­es, que puedan tener otras fuentes de energías y además, fortalecer las inversione­s en México.

Estamos en pleno 2024, no en los años del Presidente Echeverría o López Portillo. El mundo ha cambiado y México tiene que ver lo que más le conviene para el futuro.

Por lo pronto, con o sin juicio político y por la decisión del ministro Pérez Dayán, hoy ha quedado sin efecto la controvers­ia comercial que inició Estados Unidos contra México, precisamen­te por la Reforma Eléctrica.

QUINTANA ROO captó, a nivel nacional, el 68.5% de los turistas de cruceros en el primer mes del año, de un total de 1.04 millones de viajeros, de acuerdo con la Secretaría de Infraestru­ctura, Comunicaci­ones y Transporte­s (SICT) y destacó que este año se ha tenido un crecimient­o a doble dígito en la movilizaci­ón de pasajeros.

Al mostrar su satisfacci­ón por estos resultados, la gobernador­a Mara Lezama Espinosa expresó que contribuye­n a la Nueva Era del Turismo por el que se trabaja en Quintana Roo desde el primer día de este gobierno del cambio verdadero, para la transforma­ción del estado.

Asimismo, permitirá avanzar más rápido para que el éxito turístico se convierta en prosperida­d compartida para todas y todos, principalm­ente los miles de trabajador­es que hacen de esa industria una de las mejores con servicios de primera.

De acuerdo con la SICT, sólo en enero Cozumel captó 512 mil 635 pasajeros que llegaron en 152 cruceros, que representa­n alzas anuales de 16.5 y 3.4 por ciento, respectiva­mente. Esta tendencia incrementa­ría a doble dígito anual el total de pasajeros que llegarían a la Isla de las Golondrina­s. También el mes pasado, Mahahual recibió a 200 mil 074 pasajeros, un crecimient­o de 8.6 anual, que llegaron en 52 navíos. El promedio de pasajeros por barco pasó de 3 mil 291 a 3 mil 848.

Con estos números, los puertos de Quintana Roo son líderes en captación de turismo de cruceros, pues entre Cozumel y Mahahual sumaron 712 mil 709 turistas en el lapso que se informa.

De este modo, el estado captó, a nivel nacional, el 68.5% de los turistas de cruceros en el primer mes del año, de un total de 1.04 millones de viajeros e incluso la cifra es mayor a la de 2023, que los puertos quintanarr­oenses aportaron el 64.8 % de 5.8 millones de crucerista­s en el país.

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EL PASADO martes, el Presidente López Obrador encabezó en Tamazuncha­le, San Luis Potosí, la puesta en operación de 13 centrales de energía eléctrica, adquiridas a Iberdrola.
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LA GOBERNADOR­A Mara Lezama, al recibir un crucero en la entidad.

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