ARREGLAR LA PUERTA
Los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo general, llevan las cosas al límite. Han vivido bajo condiciones adversas y tienen entornos e influencias que los llevan a la radicalidad, la cual pasa por la histórica presencia de grupos guerrilleros en la zona.
Los normalistas desarrollan sus procesos educativos en medio de posiciones extremas y de una radical vocación educativa. Se han tenido que defender en muchas ocasiones de gobiernos y cacicazgos en la zona sin pasar por alto que esta radicalidad varias veces ha llevado a excesos que han desacreditado muchas de sus luchas.
Una de las críticas más recurrentes está en que la radicalidad va aparejada de un proceso profundamente ideologizado. En algún sentido sí estancado en el tiempo de una izquierda muy del siglo pasado.
Se podrán emitir muchas críticas a sus mecanismos internos, pero existe un consenso en el funcionamiento de la normal. Todo estudiante que ingresa a ella sabe de antemano cuales son las reglas.
Lo que pasó ayer en Palacio Nacional se circunscribe a estrategias que no deben sorprender. La radicalización se debe a que el Gobierno prometió que iba a resolver a cómo dé lugar el doloroso tema de la desaparición de los 43 normalistas.
Fue una constante en la campaña de López Obrador, a lo cual se sumaba una crítica punzante a lo que a lo largo de los años había hecho Peña Nieto; tienen a Murillo Karam sin quedar muy claro legalmente el porqué, la Fiscalía pide 82 años de cárcel para el exprocurador.
Se vislumbraba que las cosas entrarían en terrenos de confiabilidad, sobre todo, porque en los primeros años de Gobierno se dio el apoyo total del Presidente.
Las cosas se fueron complicando. Por un lado, no queda claro qué fue lo que el Gobierno ofreció, haya estado o no a su mano hacerlo. Por otro lado, tampoco queda claro qué están esperando los familiares de los normalistas, no se puede perder de vista, guste o no, que alguna de las hipótesis iniciales mantienen vigencia.
Las cosas se fueron deteriorando porque el Gobierno no entró en los terrenos que exigían los familiares. Particularmente en lo que tiene que ver con los militares, quienes aseguran tienen mucho que contar para conocer lo que pasó en la llamada “noche más triste”.
Hace pocos meses, el propio Presidente asumió la responsabilidad del caso, cuando en sentido estricto le corresponde a las autoridades judiciales. A pesar de ello dijo que se encargaba, lo cual generó cierta esperanza en que pudiera resolverse de una vez por todas el asunto.
Sin embargo, todo se fue deteriorando lo que incluyó que en el camino Alejandro Encinas tuviera que renunciar. Nunca se habló abiertamente de esta decisión, pero fue evidente que había un conflicto entre Encinas e integrantes del Ejército.
Lo de ayer no es una provocación. Verlo así es de nuevo creer que el Presidente es el único eje sobre el cual giran los pensamientos y protestas de una sociedad. Fue un acto que se dio bajo la lógica de los normalistas. Se sienten defraudados, porque el Presidente asumió directamente una responsabilidad y no ha habido una respuesta que genere certidumbre; ahora quieren mandarlos con el subsecretario de Gobernación.
Las cosas no se pueden resolver por esta vía y tampoco por “arreglar la puerta”. El Presidente tiene que sentarse con los familiares y colocar una agenda de cierre de sexenio, porque es evidente que será de nuevo un conflicto que se heredará.
RESQUICIOS.
Llama la atención cómo los normalistas llegaron hasta Palacio Nacional y se agenciaron una camioneta de la CFE y la utilizaron para derribar una de las puertas del histórico recinto. Se sabía que los normalistas estaban rondando la zona. No se diseñó ningún dispositivo como el que se utiliza con las madres buscadoras, los familiares de niños con cáncer, entre muchos otros. Ya verá el dispositivo que van a poner mañana en la marcha de las mujeres.