UN TIPO DE CUIDADO
La semana pasada un juez federal en el Estado de México decidió darle vuelta a la página a la denuncia que la Fiscalía General de la República presentó en contra de exfuncionarios mexiquenses y exdirectivos de la empresa española Aleática, antes OHL, por el Viaducto Bicententario.
Esto enfureció a Paulo Díez, extraño personaje que, de nueva cuenta, arremete en contra de todos los que le pasan por enfrente por no conseguir el que, por la forma en la que ha peleado desde hace más de 10 años, parece ser el negocio de su vida.
Y es que a través de denuncias en contra de Aleática, antes OHL y del Gobierno federal busca conseguir una deseada indemnización por un contrato que le quitaron por razones que en su momento autoridades justificaron.
Pero, pero, peeeeeeeero… el meollo de este asunto y el que más preocupa, es el discurso que ha vuelto su estandarte: la corrupción. Es contradictorio que el abogado que litiga igual en X (antes Twitter) que en tribunales, ha sido acusado de extorsión en al menos tres ocasiones, entre otros por OHL ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), denuncia que comparte con Pedro Topete Vargas, su representado legal, y por Alfonso Rivera Gaxiola, representante legal de la empresa IFM Investors.
Muchos frentes ha abierto Díez Gargari para obtener indemnizaciones a costa de personajes públicos y privados. Desde Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia, hasta Rivera Gaxiola. Y es que éste último acusó en 2022 a Díez Gargari de haberlo amenazado y pedido 125 millones de dólares, así como la restitución del contrato de supervisión de peaje vehicular que el gobierno del Estado de México hace años le entregó y luego le retiró.
Fue en 2013 cuando Infraiber, empresa de Pedro Topete y de la cual Paulo Díez era representante legal, perdió el millonario contrato que le permitía medir el aforo vehicular en autopistas de esa entidad, por señalamientos de sobreprecio, de no tener un proceso de licitación y por no contar con la experiencia mínima necesaria para realizar dicha tarea.
Esta historia es más que conocida, y ha dado pie a que se cuestione la forma en la que este personaje se conduce. Recordemos que él y Topete Vargas, además son socios en Viabilis Holdings, una firma que consiguió la licencia del Ferrocarril Chiapas-Mayab y que el Gobierno, en 2016, recuperó. En aquella ocasión Paulo Díez acusó que todo había sido una “persecución política”. ¡Háganme el fabrón cavor!
Una aventura más de Díez fue en 2020 cuando el abogado realizó una “toma simbólica” del Viaducto Bicentenario, por lo que en noviembre del 2021 fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes (por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador), provocación de un delito, apología del delito y extorsión. Sí, es la tercera acusación por extorsión… ¡Oh lálá!
Hay más casos en los que figura el nombre del abogado y en los que se suele señalar que acusar, desprestigiar y amagar, es su vía para tratar de afectar a quien se interponga con sus intereses.